En la ‘111 Acción Global por Ayotzinapa’, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y activistas marcharon hacia la Basílica de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México para exigir justicia y denunciar la persistente impunidad en el caso. A 9 años de la desaparición de los normalistas, la movilización destaca la falta de avances y la tensión con el gobierno, que se niega a proporcionar información clave.
Marcha contra la impunidad en el noveno aniversario
Con una manta roja que llevaba la palabra ‘impunidad’ y gritando consignas como ‘vivos se los llevaron, vivos los queremos’, miles de manifestantes recorrieron las calles de Ciudad de México en la ‘111 Acción Global por Ayotzinapa’. La marcha busca mantener viva la memoria de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero en 2014 y denunciar la falta de justicia.
El 26 de septiembre marcó el noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, un caso que aún permanece sin resolverse. A pesar de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la falta de información clave, especialmente del Ejército, ha generado frustración y tensiones. Los manifestantes expresaron su esperanza de que los estudiantes regresen, pero la realidad de la impunidad persiste.
Roces con el Gobierno y la defensa de las Fuerzas Armadas
El gobierno y las familias de los desaparecidos han estado en desacuerdo, especialmente en la solicitud de las familias para que el Ejército proporcione información que aún no ha sido entregada a la Fiscalía General de la República (FGR). El presidente López Obrador ha defendido a las Fuerzas Armadas, creando tensiones con los activistas. El obispo Raúl Vera, defensor de los derechos humanos, ofició una misa en la Basílica y alentó a los manifestantes a seguir luchando.
Pendiente presidencial: Caso Ayotzinapa
El presidente López Obrador ha reconocido que la resolución del caso Ayotzinapa es uno de los pendientes de su administración, a pesar de los avances en la investigación. La Comisión de la Verdad del Gobierno declaró el año pasado que se trató de un ‘crimen de Estado’ en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluido el Ejército, en complicidad con el crimen organizado. Por otro lado, cabe destacar que la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH este año, debido a obstrucciones por parte de las Fuerzas Armadas, intensificó la controversia.
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