En el marco del Día Internacional de la Mujer, las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan una realidad alarmante: México acumula 6 mil 440 feminicidios registrados entre enero de 2019 y enero de 2026. El informe destaca que las entidades con mayor incidencia de este delito son Sinaloa, la Ciudad de México y el Estado de México, consolidándose como los puntos críticos de la violencia feminicida en el país durante los últimos siete años.

El balance estadístico arroja un dato especialmente doloroso para la sociedad mexicana: 635 víctimas eran niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años. Ante este panorama, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) denunció que el acceso a la justicia sigue obstaculizado por estructuras institucionales que reproducen la impunidad. Luz Estrada, directora del organismo, señaló que lejos de fortalecerse, los mecanismos de protección como la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) enfrentan hoy un proceso de debilitamiento y falta de transparencia.

Reformas y falta de rendición de cuentas

La preocupación de las organizaciones civiles se centra en la reciente reforma al artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta modificación eliminó la obligación expresa de los estados con alerta de género de informar cada seis meses sobre sus avances. Para el OCNF, esta centralización de decisiones sin rendición de cuentas representa un retroceso en los mecanismos que costaron años de lucha ciudadana, dejando el seguimiento de las violencias graves en un sistema nacional que califican como ineficiente ante las realidades estatales.

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