La Fiscalía General de la República (FGR) determinó clasificar como reservados los resultados de la necropsia practicada a Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras su muerte ocurrida el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo federal.

De acuerdo con información difundida por el medio Milenio, la autoridad ministerial argumentó que la divulgación del documento representaría un “riesgo real, demostrable e identificable” que podría afectar tanto la seguridad nacional como el interés público, al exponer líneas de investigación en curso.

La FGR sostuvo que hacer públicos los resultados de la necropsia podría revelar detalles sensibles sobre las indagatorias del Ministerio Público Federal, lo que, a su juicio, comprometería la eficacia de las diligencias y el eventual ejercicio de la acción penal contra posibles implicados.

La dependencia añadió que la reserva del expediente también busca proteger la integridad del proceso penal, así como los derechos de las personas involucradas, incluidos testigos y víctimas, al considerar que la exposición de la información podría interferir con el desarrollo de las investigaciones.

Asimismo, la institución advirtió que los servidores públicos que difundan información clasificada podrían incurrir en responsabilidades legales. En su postura, la FGR señaló que revelar datos de expedientes ministeriales sin autorización constituye un delito contra la administración de justicia.

Según el reporte, el cuerpo de Oseguera Cervantes fue trasladado a la Ciudad de México tras el operativo en el que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional intentaban su detención. En el lugar se habría registrado un enfrentamiento que culminó con su muerte, tras lo cual se realizó la necropsia correspondiente para confirmar su identidad.

La Fiscalía reiteró que la clasificación de estos documentos responde a la necesidad de preservar el sigilo de las investigaciones y garantizar la capacidad institucional para la persecución de delitos de alto impacto, bajo el argumento de proteger tanto el debido proceso como el interés público.

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