FGR deberá hacer pública la carpeta del caso Ayotzinapa
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló publicar la versión pública de la carpeta de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas. Con cuatro votos a favor y uno en contra, los ministros decidieron rechazar los amparos de tres testigos colaboradores implicados en el caso Ayotzinapa.
Estos testigos, presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, argumentaban que hacer pública la carpeta pondría en riesgo su vida, salud e integridad física y jurídica. La resolución fue impulsada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien destacó que se trata de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Por esta razón, explicó, la información no puede mantenerse reservada ni bajo argumentos de confidencialidad, aunque contenga datos personales que deben protegerse debidamente.
Argumentos de los testigos no convencen a la Corte
La SCJN consideró que los derechos de las víctimas y el interés público están por encima de los argumentos de seguridad presentados por los testigos colaboradores. Los amparos fueron promovidos por Agustín García Reyes, “El Chereje”; Salvador Reza Jacobo, “El Lucas”, y Patricio Reyes Landa, “El Pato”.
Los tres fueron detenidos durante la administración de Enrique Peña Nieto, pero liberados por un tribunal en 2018 debido a tortura y violaciones al debido proceso. Posteriormente, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se convirtieron en testigos colaboradores, cuyas declaraciones derivaron en nuevas detenciones relacionadas con el caso Iguala.
Los quejosos alegaron no haber tenido oportunidad de participar en el proceso de publicidad de la carpeta ni de proteger datos sensibles que los involucran. Mencionaron que revelar más información podría ocasionarles daños irreparables, ya que parte de sus testimonios aún se consideran sensibles o relacionados con actos criminales.
SCJN prioriza el derecho a la verdad
El fallo fortalece el acceso a la información en casos de violaciones graves, y obliga a la Fiscalía General de la República de México (FGR) a transparentar avances de la investigación. El proyecto del ministro González Alcántara fue aprobado por mayoría, destacando que el derecho de acceso a la información prevalece sobre argumentos individuales en estos casos.
Aclaró que los sujetos obligados deben generar una versión pública en la que se testeen datos personales, pero no ocultar la totalidad de la información La FGR deberá entregar la carpeta FED/SDHPDSC/OI-GRO/000804/2019, relacionada con los avances del caso, a través del micrositio del Caso Iguala.
Desde febrero de 2023, el extinto INAI ya había ordenado a la FGR hacer pública esta información, resolución que fue impugnada por la propia institución. El fallo de la Suprema Corte representa un precedente importante para el acceso a la verdad en casos de graves violaciones a los derechos humanos en México.
