La Fiscalía General de la República (FGR) devolvió a Sandra Ávila Beltrán tres inmuebles ubicados al sur de la Ciudad de México, que habían sido asegurados desde 2003 en el marco de una investigación por delitos contra la salud.

De acuerdo con documentos presentados ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, la institución canceló el aseguramiento de las propiedades localizadas en la colonia San Nicolás Totolapan, en la alcaldía Magdalena Contreras. La devolución se da tras un proceso legal derivado de un amparo promovido por Ávila Beltrán, quien reclamó la omisión de las autoridades para cumplir con una orden de entrega dictada desde el 17 de junio de 2014.

El caso avanzó en tribunales luego de que, en julio de 2025, la defensa de la llamada “Reina del Pacífico” recurriera nuevamente a la vía judicial. En primera instancia, la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros determinó cerrar el asunto al considerar que existían acciones encaminadas a cumplir la resolución. Sin embargo, un tribunal colegiado revocó esa decisión y ordenó reponer el procedimiento, lo que finalmente derivó en la cancelación formal del aseguramiento de los inmuebles.

Ávila Beltrán fue detenida en 2007 y procesada por presuntos vínculos con el narcotráfico, particularmente con el Cártel de Sinaloa. En diciembre de 2010, fue absuelta del delito de tráfico de cocaína por falta de pruebas en México.

Posteriormente, en 2012, fue extraditada a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por narcotráfico. Ante una corte federal en Miami, se declaró culpable y recibió una sentencia de 70 meses de prisión.

Tras cumplir parte de la condena, fue deportada a México en 2013 y recluida en un penal federal en Tepic, Nayarit. Permaneció ahí hasta febrero de 2015, cuando un tribunal colegiado revocó la sentencia que cumplía por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que le permitió recuperar su libertad.

La devolución de los inmuebles se inscribe en un proceso más amplio sobre la administración de bienes asegurados en investigaciones penales. En este caso, la resolución judicial evidenció retrasos administrativos de más de una década en la ejecución de una orden de entrega previamente dictada.

El caso de Ávila Beltrán ha sido uno de los más mediáticos en México por su perfil y por las implicaciones judiciales en ambos países, así como por los debates en torno a debido proceso, aseguramiento de bienes y resoluciones judiciales pendientes.

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