El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó la creación de un Manual Nacional de Operación para fiscalías y unidades especializadas en combatir la extorsión, delito prioritario en México. La medida fue avalada durante la 52ª Sesión Ordinaria, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte del Acuerdo Nacional Contra la Extorsión.

El manual será elaborado por la Fiscalía General de la República (FGR) y deberá entregarse a más tardar el último día hábil de febrero de 2026. El objetivo central es unificar procedimientos en la recepción de denuncias, investigación y persecución penal, fortaleciendo la respuesta institucional ante uno de los delitos más denunciados.

Manual nacional

El documento permitirá homogeneizar protocolos en todo el país y servirá como guía para crear o fortalecer áreas especializadas contra la extorsión en fiscalías estatales. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que con la estrategia nacional se han recibido 102 mil 800 llamadas al 089.

Además, se ha logrado la detención de más de 600 personas vinculadas a extorsión en 22 estados, resultado de denuncias ciudadanas y coordinación interinstitucional. La FGR también deberá supervisar la armonización legislativa, alineando leyes locales con la Ley General para Prevenir y Sancionar la Extorsión.

La secretaria ejecutiva del SNSP, Marcela Figueroa Franco, fijó como plazo el último día hábil de enero de 2026 para reformas estatales.

Coordinación institucional reforzada

Durante la sesión se acordó actualizar los lineamientos del 911 y 089, así como fortalecer registros de incidencia delictiva y personas desaparecidas. La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, destacó la necesidad de un nuevo modelo de investigación e inteligencia contra delitos de alto impacto.

“No cesaremos en nuestros esfuerzos para dar un nuevo impulso a la dignificación y profesionalización de la procuración de justicia”, afirmó Godoy Ramos.

Gobernadores coincidieron en la urgencia de proteger a denunciantes, y Alfredo Ramírez Bedolla pidió ampliar la identidad reservada en procesos judiciales.

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