FGR logra vinculación a proceso de Ernesto Ruffo y siete personas por caso de huachicol fiscal
23/07/2026 - Hace 56 mins en MéxicoFGR logra vinculación a proceso de Ernesto Ruffo y siete personas por caso de huachicol fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal vinculó a proceso a ocho personas, entre ellas el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles. La resolución se emitió tras considerar que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal.
La autoridad precisó que los imputados enfrentarán cargos por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, según la presunta participación de cada uno. La FGR recordó que, conforme a la legislación mexicana, todas las personas involucradas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
FGR investiga presunta red de importación irregular de combustibles
De acuerdo con la Fiscalía, Ernesto «N», Ricardo «N» y José «N» fueron vinculados por su posible responsabilidad en delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la Ley en materia de hidrocarburos. En tanto, otros cinco imputados enfrentarán proceso por distintos delitos relacionados con la investigación.
La resolución fue dictada durante la continuación de la audiencia inicial, luego de que las defensas solicitaran la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de los acusados.
Autoridades señalan presuntas operaciones con declaraciones falsas
Según la FGR, la investigación apunta a una presunta red que realizaba operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de combustibles mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras.
La dependencia indicó que el esquema bajo investigación consistía presuntamente en reportar volúmenes menores a los realmente transportados o declarar mercancías distintas para reducir el pago de impuestos. De acuerdo con la institución, estas prácticas ocasionan pérdidas económicas al Estado y podrían beneficiar a organizaciones delictivas.
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