La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que continuarán los procesos penales relacionados con el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que los hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y, por tanto, no prescriben.

A través de una tarjeta informativa, la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos informó que la resolución del máximo tribunal impide que los imputados puedan extinguir la acción penal bajo el argumento de que los delitos ya habrían prescrito por el paso del tiempo.

El criterio surgió tras la revisión de un amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien buscaba que se declarara concluido el proceso en su contra al considerar que los delitos imputados eran de carácter culposo y estaban sujetos a los plazos ordinarios de prescripción.

Sin embargo, la SCJN resolvió que, debido a la gravedad de los hechos y al impacto en los derechos de las víctimas, la investigación y el ejercicio de la acción penal deben mantenerse vigentes.

Con esta determinación, la FGR continuará el juicio contra Salazar Salazar y Carla Rochín Nieto, excoordinadora Nacional de Guarderías del IMSS, ambos señalados por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas bajo la figura de comisión por omisión.

La tragedia de la Guardería ABC dejó un saldo de 49 niñas y niños fallecidos y decenas de menores lesionados, convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos en materia de justicia y derechos humanos en México.

La Fiscalía destacó que el fallo fortalece el derecho de las víctimas y sus familias al acceso a la justicia, al tiempo que privilegia los principios de verdad, memoria y combate a la impunidad. La resolución también sienta un precedente relevante para otros casos vinculados a violaciones graves de derechos humanos, al establecer que la búsqueda de justicia no puede quedar limitada por criterios temporales cuando existen afectaciones de gran impacto social.

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