La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es investigado por su presunta participación en una red de contrabando de combustible que, según las autoridades, habría ocasionado un daño fiscal superior a 4 mil millones de pesos.

Durante la presentación del caso, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos indicó que la organización habría introducido y distribuido 15 millones 299 mil 830 litros de hidrocarburos sin declararlos ante las autoridades, mediante un esquema que utilizaba carros tanque ferroviarios para ingresar combustible desde Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, las empresas involucradas declaraban volúmenes inferiores a los realmente transportados o registraban productos distintos para evadir controles fiscales y aduaneros. Posteriormente, el combustible era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas a través de empresas que presuntamente no contaban con los permisos correspondientes.

La FGR señaló que la red habría utilizado 162 carros tanque ferroviarios para evitar el pago de impuestos. Solo por concepto de IEPS e IVA, el presunto perjuicio inicial asciende a 106.8 millones de pesos, mientras que el análisis de más de 4 mil operaciones de importación realizadas entre enero y julio de 2025 elevó la estimación del daño a la Hacienda Pública a más de 4 mil millones de pesos.

Además, las autoridades detectaron movimientos financieros por más de 3 mil 75 millones de pesos y operaciones cambiarias por mil 386 millones de dólares, recursos que presuntamente fueron movilizados mediante cuentas bancarias utilizadas para dificultar su rastreo.

Como parte de la investigación, la Fiscalía obtuvo 25 órdenes de aprehensión. Hasta el momento, cinco personas, entre ellas Ernesto N., han sido detenidas, mientras continúan las diligencias para cumplimentar el resto de los mandamientos judiciales. La FGR aclaró que las investigaciones siguen en curso y que corresponderá a las autoridades judiciales determinar la responsabilidad de los implicados.

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