La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este miércoles 29 de abril de 2026 que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.

El vocero de la institución, Ulises Lara, explicó que la notificación llegó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y subrayó que el proceso deberá apegarse estrictamente a la ley mexicana. “Debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente”, señaló.

FGR revisará pruebas antes de proceder

A través de su área especializada en asuntos internacionales, la FGR analizará la documentación enviada por autoridades estadounidenses para determinar si existen elementos probatorios suficientes que justifiquen una detención con fines de extradición.

De forma paralela, se iniciará una investigación en México para verificar si las acusaciones tienen sustento legal que permita solicitar órdenes de aprehensión. “Solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes”, reiteró el vocero.

Sin embargo, la Fiscalía también aclaró que, hasta el momento, la solicitud no incluye pruebas contundentes que respalden las imputaciones contra el mandatario estatal.

📲 Ulises Lara López informó que la solicitud de extradición relacionada con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no contaba con las pruebas necesarias para sustentar el procedimiento. pic.twitter.com/AcRLh57lXI

— Notigram (@Notigram) April 30, 2026

Acusaciones desde Nueva York

La acusación formal fue anunciada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, encabezada por Jay Clayton, junto con autoridades de la DEA. En el documento se señala a Rocha Moya y a otros funcionarios —entre ellos Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez Mendívil— por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y uso de armas.

Según la acusación, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para distribuir narcóticos hacia Estados Unidos. La FGR recordó que, en el caso de funcionarios con fuero como gobernadores o senadores, será necesario iniciar un juicio de procedencia para retirar su inmunidad antes de cualquier acción judicial.

Además, la información proporcionada por el gobierno estadounidense deberá mantenerse bajo reserva mientras se desarrolla el análisis. El caso abre un nuevo frente legal y político, en el que la validez de las pruebas será clave para definir si procede o no una extradición.

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