Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, ha confirmado que se mantiene la solicitud de extradición desde los Estados Unidos a México del exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo García Luna.
Lo anterior a pesar de que las autoridades estadounidenses aún no han dado respuesta a dicha solicitud. Gertz Manero declaró que las órdenes de aprehensión contra García Luna siguen vigentes, con el objetivo de que cumpla una condena por las conductas ilegales en las que presuntamente estuvo involucrado durante su gestión en la administración de Felipe Calderón.
«Tenemos una serie de órdenes de aprehensión en contra de esa persona y tenemos la solicitud de extradición que es obligatoria para nosotros, no nada más por el caso de rápido y furioso, sino por todo el resto de conductas ilegales de este individuo», mencionó Gertz Manero.
Por otro lado, el fiscal descartó que exista una investigación en curso contra García Luna por el supuesto secuestro de 30 empresarios judíos mexicanos en colaboración con un mando policial, debido a la falta de una denuncia formal y pruebas suficientes sobre este caso.
Condena de García Luna
Cabe recordar que el pasado 16 de octubre, Gerardo García Luna fue declarado culpable y condenado a 38 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos por sus conexiones con el narcotráfico.
Durante el juicio, miembros del crimen organizado testificaron que García Luna estuvo involucrado en actividades ilícitas, incluyendo la recepción de sobornos millonarios para facilitar la entrada de toneladas de cocaína al país entre 2001 y 2012.
En total, García Luna enfrentaba cinco cargos que incluían conspiración de narcotráfico, pertenencia a una organización criminal y emisión de declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses.
La FGR continúa presionando para que se lleve a cabo la extradición de García Luna a México, a la espera de que las autoridades estadounidenses respondan a la solicitud y se pueda avanzar en el proceso judicial en contra del exfuncionario señalado como uno de los responsables de la corrupción en las fuerzas de seguridad durante el gobierno de Calderón.
