La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), señalado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, una modalidad de contrabando de combustibles mediante operaciones fraudulentas.

Fuentes judiciales confirmaron que Farías Laguna es investigado por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos relacionados con hidrocarburos, en el marco de una indagatoria que involucra a altos mandos de la Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La orden de captura fue solicitada luego de que el contralmirante no acudiera a la audiencia judicial programada el 5 de noviembre en los juzgados federales del Altiplano, Jalisco, donde se le imputarían los cargos correspondientes.

El proceso ya había sido aplazado en dos ocasiones, la última el 20 de octubre, a solicitud de la defensa. De acuerdo con el expediente, el oficial promovió un amparo para evitar su detención; sin embargo, éste fue revocado, lo que habilita a la FGR para ejecutar la orden de aprehensión.

Fernando Farías Laguna es sobrino político de José Rafael Ojeda Durán, quien fungió como secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024).

Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, fue detenido el 2 de septiembre de 2025 por el mismo caso y vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La investigación de la FGR apunta a una red de funcionarios y empresarios que habrían facilitado la importación irregular de combustibles, simulando operaciones legales para evadir impuestos y controles aduaneros.

A diferencia del robo de combustible en ductos —conocido como huachicol tradicional—, el huachicol fiscal consiste en declarar ante el fisco la importación de gasolina o diésel bajo otra denominación, como aceites o lubricantes, con el propósito de evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Esta práctica genera pérdidas millonarias al erario público y ha sido identificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una de las principales fuentes de contrabando energético en los últimos años.

El caso del huachicol fiscal salió a la luz a mediados de 2025, cuando la FGR y la Secretaría de Marina detectaron irregularidades en permisos de importación y control aduanal durante las administraciones pasadas.

Las investigaciones se han centrado en funcionarios en activo y retirados de la Marina, así como en empresas privadas que presuntamente actuaron como intermediarias.

De confirmarse la participación de mandos militares, sería uno de los casos más graves de corrupción interna en la institución naval en la última década, afectando la credibilidad de los operativos de seguridad energética y aduanal.

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