La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la solicitud presentada por autoridades de Estados Unidos para la detención provisional de políticos mexicanos carece de pruebas suficientes, por lo que se pedirá información adicional antes de determinar cualquier acción legal.

Durante una conferencia, el fiscal especializado Raúl Jiménez Vázquez explicó que el requerimiento recibido corresponde a una medida cautelar con fines de extradición, y no a un proceso formal. Detalló que la petición fue enviada por fiscales del distrito sur de Nueva York y entregada a la FGR a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El funcionario señaló que, tras un primer análisis, no se encontraron elementos probatorios anexos que sustenten la urgencia de las detenciones solicitadas. En ese sentido, indicó que la FGR solicitará formalmente a las autoridades estadounidenses pruebas, documentos, testimonios e información confidencial que permitan evaluar el caso bajo el marco jurídico mexicano.

Entre los señalados en la acusación se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios. Las autoridades estadounidenses los acusan de presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como Los Chapitos, ligado al Cártel de Sinaloa.

Contexto de la acusación: De acuerdo con la versión presentada por el gobierno estadounidense, los funcionarios habrían recibido sobornos millonarios a cambio de brindar protección a dicha organización criminal, facilitar sus operaciones y permitir su expansión en territorio mexicano. También se les atribuyen presuntos actos de colaboración con estructuras delictivas, incluyendo el uso de corporaciones de seguridad para favorecer a la organización.

No obstante, la FGR subrayó que no existe evidencia presentada hasta ahora que permita acreditar estos señalamientos, ni fundamentos que justifiquen la aplicación inmediata de medidas cautelares como la detención provisional.

Asimismo, el fiscal advirtió que la difusión pública de la solicitud podría poner en riesgo el debido proceso, al exponer información sin sustento probatorio ante la opinión pública.

La institución reiteró que mantiene una investigación propia e independiente, y que cualquier decisión se tomará conforme a la legislación mexicana y con base en evidencia verificable.

También te puede interesar: