La investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo, el exalcalde de Uruapan ultimado el pasado noviembre, ha tomado un giro determinante. Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta y viuda de Manzo, entregó formalmente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán un total de 11 videos que podrían vincular directamente a tres figuras políticas de relevancia con el crimen. Las autoridades ahora evalúan la comparecencia de los señalados tras el análisis de estas pruebas documentales.

Las pruebas de la alcaldesa: Mensajes desde el más allá

Los videos presentados no son grabaciones privadas, sino material que el propio Carlos Manzo compartió en sus canales públicos y redes sociales antes de su muerte. En ellos, el exedil dejaba evidencia clara de los conflictos políticos y amenazas que sostenía con tres personajes específicos:

1. Leonel Godoy
2. Raúl Morón
3. Ignacio Campos

Aunque Grecia Quiroz no presentó una denuncia penal directa contra ellos, solicitó formalmente que la FGE utilice este material como base para investigar su presunta participación en el homicidio. El fiscal general, Carlos Torres Piña, confirmó que el Ministerio Público ya tiene en su poder los archivos para determinar el alcance jurídico de las declaraciones hechas por Manzo en vida.

Inteligencia Artificial y peritajes: El reto de la Fiscalía

Un paso crítico en esta fase de la investigación es la verificación técnica. La FGE debe descartar que los videos hayan sido manipulados o creados mediante Inteligencia Artificial (Deepfakes). Torres Piña enfatizó que antes de cualquier citatorio, se debe comprobar que el material fue publicado en las fechas y canales señalados por la viuda.

«De acuerdo a la propia información que tengamos, estaremos valorando si son llamados a comparecer», precisó el fiscal, quien también dejó abierta la posibilidad de que otros funcionarios de alto nivel, incluido el gobernador, puedan ser objeto de investigación si el proceso así lo requiere. Por ahora, no existe un plazo definitivo para los interrogatorios, ya que el análisis de los 11 videos es la prioridad absoluta para garantizar la legalidad del proceso.

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