El Fondo de Pensiones para el Bienestar, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador  (AMLO) para complementar las jubilaciones de los trabajadores, necesitará un presupuesto de alrededor de 130,000 millones de pesos durante sus primeros 10 años de funcionamiento. Esta iniciativa busca fortalecer el sistema de pensiones y garantizar una mayor estabilidad financiera para los jubilados en México.

Estrategias de financiamiento para la primera etapa

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que el gobierno tiene la indicación de fondear al menos la mitad de este fondo en su etapa inicial, lo que representa aproximadamente 60,000 millones de pesos.

Para lograrlo, se contempla utilizar diversas estrategias financieras, como la venta de activos, el uso de recursos del gobierno federal y ahorros presupuestales, así como la identificación de cuentas inactivas en las afores y el Infonavit.

Avances legislativos y próximos pasos

Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República han analizado y votado a favor de reformar tres leyes para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Se espera que el presidente firme el acuerdo para su entrada en vigor el próximo 1 de mayo. Una vez publicado, se definirán las reglas de operación del fondo, aunque aún se está discutiendo si este podría tener efecto retroactivo para las personas que ya se han jubilado bajo la ley de 1997.

Transparencia y acceso a los ahorros

Se estima que las afores podrían transferir alrededor de 40,000 millones de pesos provenientes de ahorros no reclamados por los trabajadores, mientras que el Infonavit podría aportar aproximadamente 4,500 millones de pesos. Es importante destacar que el objetivo principal de este fondo no es despojar a los trabajadores de sus ahorros, sino complementar sus pensiones y garantizar una mejor calidad de vida en su etapa de retiro.

Finalmente, Gabriel Yorio enfatizó que las cuentas inactivas que se utilizarán para financiar el fondo contienen saldos muy pequeños, generalmente entre 200 y 300 pesos, que no han sido reclamados en más de 10 años.

Aseguró que se establecerán procesos claros para trasladar esta liquidez al fondo y se garantizará que los trabajadores puedan reclamar sus saldos en caso de ser necesario. La transparencia y la protección de los derechos de los trabajadores son elementos fundamentales en la gestión de este fondo de pensiones.

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