El gobierno mexicano informó que 26 reos de alto perfil, que permanecían en cárceles nacionales, fueron trasladados a Estados Unidos debido a que continuaban dirigiendo actividades ilícitas desde prisión y buscaban obtener libertad o cambios a penales de menor seguridad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que estos delincuentes aprovechaban visitas y litigios para seguir operando redes criminales, amenazar a funcionarios y ampliar sus actividades delictivas, lo que representaba un riesgo para la seguridad nacional.

“Había litigios y recursos legales para buscar la liberación anticipada, lo que significaría un retroceso”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa, donde subrayó que la decisión fue soberana y tomada únicamente por México como parte de la estrategia contra la extorsión, la impunidad y la violencia.

García Harfuch detalló que la operación de traslado involucró a 988 elementos del Gabinete de Seguridad, con el apoyo de vehículos y aeronaves de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional.

Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que la entrega de los reos a Estados Unidos se hizo conforme a la Ley de Seguridad Nacional, la Constitución y la Convención de Palermo, sin ningún tipo de negociación con el Departamento de Justicia estadounidense, para proteger la soberanía y seguridad del país.

En cuanto a la ubicación de los detenidos, el Gabinete de Seguridad informó que fueron enviados a diferentes ciudades de Estados Unidos como parte de las acciones para disminuir la violencia y garantizar la seguridad pública en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera del 13 de agosto, respaldó la medida, señalando que se trata de una decisión soberana y de seguridad nacional. Reiteró que el traslado, que incluye a criminales como Servando Gómez ‘La Tuta’, no está relacionado con ningún acuerdo bilateral de seguridad, sino con un análisis realizado por el Sistema Nacional de Inteligencia y el Consejo Nacional de Seguridad.

“Son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad de nuestro país”, enfatizó la mandataria.

Con esta acción, las autoridades buscan evitar que los criminales continúen operando desde prisión y afecten a la sociedad mexicana, reforzando la estrategia para combatir la violencia y la impunidad.

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