El general en retiro Rafael Hernández Nieto, quien fue comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, durante los hechos del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, continuará su proceso judicial en libertad. Esta decisión se confirmó después de que un tribunal colegiado ratificara el fallo de un juez federal que el año pasado le otorgó un amparo contra la prisión preventiva oficiosa impuesta por el delito de delincuencia organizada.

Captura y acusaciones contra Hernández Nieto

Hernández Nieto fue detenido el 6 de julio del año pasado en su domicilio en Puebla por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR). La orden judicial respondía a cargos de desaparición forzada y delincuencia organizada, una medida que también alcanzó a otros 15 militares.

La captura de estos militares se ordenó a principios de junio de 2023 por una juez de control del Estado de México, quien señaló que las pruebas del Ministerio Público Federal indicaban acciones y omisiones de mandos superiores y medios de los batallones 41 y 27, permitiendo así la desaparición de los estudiantes.

La FGR acusó a Hernández Nieto de reunirse con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, basándose en chats de WhatsApp intervenidos por la DEA. Estas acusaciones forman parte de una investigación más amplia sobre la participación de autoridades militares en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

El amparo y la respuesta de la FGR

El juez federal otorgó un amparo a Hernández Nieto contra la prisión preventiva oficiosa, argumentando que no existían elementos suficientes para mantener dicha medida cautelar. La FGR apeló esta decisión, alegando que la sentencia era desacertada al conceder el amparo, pues las condiciones que justificaban la prisión preventiva no habían cambiado. Argumentaron que no había garantía de que Hernández Nieto se presentara durante el proceso judicial y que existían pruebas suficientes para mantener la medida cautelar, incluyendo la falta de acreditación de arraigo domiciliario.

Decisión del Tribunal Colegiado

El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal, conformado por los magistrados Juan José Olvera López, Horacio Armando Hernández Orozco y Francisco Javier Sarabia Ascencio, determinó que las alegaciones de la FGR eran inatendibles.

El tribunal decidió mantener insubsistente la resolución emitida el 8 de julio de 2023 sobre la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Además, ordenó que se emitiera una nueva resolución que otorgara carácter definitivo a la revocación de dicha medida y a las decretadas en la audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el 20 de agosto del mismo año.

Reacciones y futuro del caso

Las reacciones ante esta decisión judicial han sido mixtas. Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y sus defensores han expresado su descontento y preocupación por la liberación del general en retiro, considerando que podría dificultar el avance de las investigaciones y la obtención de justicia.

Por otro lado, algunos sectores consideran que la decisión respeta el debido proceso y los derechos fundamentales del acusado, independientemente de la gravedad de las acusaciones en su contra.

El proceso judicial contra Hernández Nieto continuará, y la atención pública se mantendrá fija en el desarrollo de este caso. La resolución definitiva de estas acusaciones será crucial para determinar la responsabilidad de los involucrados y para ofrecer un cierre a uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de México.

Finalmente, la decisión de permitir que el general Rafael Hernández Nieto continúe su proceso en libertad marca un momento significativo en el caso Ayotzinapa, subrayando la necesidad de equilibrio entre la búsqueda de justicia y el respeto a los derechos procesales de los acusados.

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