En un nuevo giro del caso Ayotzinapa, ocho militares han recibido órdenes de aprehensión por el probable delito de delincuencia organizada. Esta información fue confirmada por la defensa legal de los uniformados, quienes aseguran que tres elementos ya se han entregado de manera voluntaria. Mientras que los cinco restantes están programados para entregarse esta misma tarde.

El abogado Alejandro Robledo, representante de los militares, denunció que estas acusaciones son una «chicanada» por parte del Gobierno federal y de la Fiscalía. Además, calificó el proceso como una venganza y una vendetta, argumentando que sus clientes son presos políticos. De acuerdo con Robledo, el objetivo del Gobierno es mantenerlos encarcelados en el Campo Militar No 1 a pesar de las irregularidades en el debido proceso.

Según el abogado, se espera que este sea un proceso largo, donde presentarán los recursos necesarios y se enfrentarán a las acusaciones. Aunque aún no se sabe si se seguirá el viejo sistema o el nuevo sistema judicial, Robledo afirmó que estarán listos para defender a sus representados.

Cabe destacar que los ocho militares habían abandonado la prisión militar el 24 de enero. Esto luego de que la Juez Segundo de Distrito de Procesos en el Estado de México ordenara su libertad inmediata. Esta decisión se tomó tras un cambio de medida cautelar y después de que cumplieran con los requisitos exigidos por el juzgado.

Los militares en cuestión son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

La liberación de estos ocho militares ha causado indignación entre los padres, madres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Consideran que este hecho representa un retroceso en el caso y han exigido justicia en manifestaciones recientes.

El abogado Vidulfo Rosales Sierra, defensor de las familias de los estudiantes, también criticó al presidente actual. Lo acusó de intentar dividir a los padres de familia al atacar a los expertos independientes y a los asesores jurídicos durante sus conferencias matutinas.

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