Este miércoles se ejecutó una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, quien además se encuentra actualmente enfrentando su proceso penal.

De acuerdo al Ministerio Público, el exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte podría alcanzar 12 años de prisión por el delito de peculado en modalidad agravada, además de otros seis por el delito de asociación delictuosa, sin embargo en el tercer día de su audiencia se reveló que hay una nueva orden de aprehensión en su contra.

¿Cuál es la nueva orden de aprehensión en contra de Cesar Duarte?

De acuerdo con el medio de comunicación Raíchali, el Tribunal Superior del Estado de Chihuahua confirmó la existencia por la que hay una nueva orden penal y, a pesar de que ya se encuentra detenido, esta pendiente la audiencia en donde se darían a conocer los nuevos cargos que se le imputan al exgobernador.

La nueva carpeta de investigación que se ha abierto en contra del exfuncionario sería por el desvío de 120 millones de pesos en favor de la empresa Kepler Soluciones Integrales, la misma empresa que tenía vínculos con Antonio Enrique Tarín García, conocido por ser el director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda durante el mandato de Duarte, quien además fue encontrado sin vida el pasado 7 de abril.

Aunado a lo anterior, la Fiscalía General de Chihuahua notificó por medio del Ministerio Público que existen nuevas pruebas documentales y testimoniales que corroborarían los presuntos delitos cometidos por Duarte.

César Duarte podría sumar más imputaciones en su contra

La Fiscalía también habría mencionado que se tiene previsto solicitar una pena de hasta 18 años para el exgobernador a consecuencia de sus delitos de peculado y asociación delictuosa, cargos que presuntamente cometió durante su mandato como gobernador, que tuvo lugar entre el 2010 y 2016.

Cabe mencionar que Duarte es acusado de desviar cerca de 96.6 millones de pesos, recursos correspondientes al erario público, dinero que supuestamente fue destinado a negocios particulares, pago de servicios y la compra de bienes inmuebles.

En ese sentido, su abogado Juan Carlos Mendoza acusó que se trata de una violación al tratado de extradición entre ambos países. “Anoche nuestro representado fue notificado sobre esta nueva orden de aprehensión. Para nosotros es muy entendible que esto se pueda dar como siempre se ha dado, como un botín político”, aseveró el jurista.

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