Ante la próxima desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), aprobada mediante reforma constitucional el año pasado, el gobierno federal anunció cambios a la ley para redistribuir sus funciones en distintas dependencias.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que el nuevo modelo garantizará tanto el acceso a la información pública como la protección de datos personales, dividiendo estas competencias en órganos independientes. Se abrogará la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se reformarán otras legislaciones relacionadas, como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Crearán ‘Transparencia para el Pueblo’
Se espera que estos cambios contribuyan a una mayor transparencia y protección de datos, al tiempo que generen ahorros en el gasto público. Sheinbaum señaló que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno podrá atender el 80 por ciento de la carga de trabajo del Inai con solo el 35 por ciento de su estructura, esto representará un ahorro del 65 por ciento en costos administrativos.
“Se amplía la transparencia, se protegen los datos personales y todo esto se hace con mucho menos presupuesto”, aseguró Buenrostro. La propuesta de ley se envía este viernes al Senado de la República para consideración, antes de ser remitida a la Cámara de Diputados”, señaló la mandataria.
Buenrostro destacó que se crearán nuevos órganos desconcentrados para gestionar el acceso a la información pública y la protección de datos personales. El acceso a la información estará a cargo del organismo «Transparencia para el Pueblo». Mientras que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asumirá la responsabilidad de proteger datos personales, función que, originalmente estaba en el Ejecutivo desde la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), antecesor del Inai.
Se mantiene derecho a la información
Con la desaparición del Inai se mantiene el derecho al acceso a la información y la obligación de los entes públicos de publicar información. Los mecanismos de defensa para los ciudadanos continuarán y se atenderán por 18 autoridades en lugar de un solo instituto.
Este cambio implicará la absorción de las funciones de los organismos estatales homólogos al Inai por parte de los tres poderes en cada nivel de gobierno.
La Plataforma Nacional de Transparencia se regulará para garantizar su continuidad. Se implementarán medidas de seguridad como la validación criptográfica para prevenir alteraciones en los datos almacenados.
Por último, la propuesta de ley será enviada al Senado de la República para su consideración antes de ser remitida a la Cámara de Diputados.
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