La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su Gobierno analizará a fondo las implicaciones jurídicas, sanitarias y diplomáticas de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de clasificar al fentanilo ilícito como “arma de destrucción masiva”, una medida anunciada esta semana mediante un decreto ejecutivo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria subrayó que la postura de México frente al fenómeno del consumo de drogas es distinta a la adoptada por Washington, al priorizar un enfoque integral que atienda las causas estructurales del consumo, además del combate a los delitos asociados al narcotráfico. En ese sentido, señaló que la reclasificación del fentanilo debe analizarse con cautela para comprender sus alcances reales y posibles consecuencias.

Sheinbaum recordó que el fentanilo no solo es una sustancia vinculada al mercado ilegal, sino que también tiene usos médicos legítimos, particularmente como anestésico, lo que obliga —dijo— a diferenciar entre el uso clínico regulado y el tráfico ilícito. La presidenta añadió que este planteamiento ya ha sido expuesto directamente al mandatario estadounidense en conversaciones previas.

El anuncio de Trump se produjo durante un acto oficial en el que aseguró que el fentanilo representa una amenaza equiparable a un arma química, al responsabilizar a organizaciones criminales y actores extranjeros de su producción y distribución. El decreto sostiene que el tráfico de esta sustancia financia actividades criminales y terroristas, lo que, según la Casa Blanca, justifica su reclasificación bajo criterios de seguridad nacional.

Trump afirmó que las muertes asociadas al fentanilo alcanzan cifras superiores a las reconocidas oficialmente. No obstante, datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que más de 250.000 personas fallecieron entre 2021 y 2023 en Estados Unidos por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, principalmente fentanilo, una cifra ya considerada crítica por las autoridades sanitarias.

Desde México, el Gobierno federal ha reiterado que, si bien es indispensable perseguir a las organizaciones criminales, la estrategia antidrogas debe incluir prevención, atención a la salud pública y reducción de la demanda, especialmente en los países consumidores. La postura mexicana abre la puerta a un análisis técnico y diplomático sobre los efectos que podría tener esta designación en la cooperación bilateral y en los marcos internacionales de control de drogas.

Te puede interesar:

Investigación comercial pone bajo la lupa a la carne de cerdo de EE.UU. en México