En un hecho sin precedentes, el gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, llevó a cabo la clausura de la Refinería de Cadereyta, perteneciente a Pemex. Esta decisión se tomó luego de que el personal de la instalación se negara a colaborar con las autoridades estatales durante una inspección para verificar la emisión de supuestos contaminantes.

El secretario del Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, encabezó el equipo que ejecutó la medida de clausura, amparados por una resolución del juzgado segundo de distrito en materia administrativa. Esta acción fue respaldada por el gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, quien señaló la importancia de proteger a la población de los efectos nocivos de la contaminación.

La negativa de la Refinería de Cadereyta a colaborar con la inspección, sumada a la evidente emisión de contaminantes a la atmósfera, fue el detonante para la clausura de la refinería Héctor R. Lara Sosa. Según la administración estatal, la suspensión otorgada por el juzgado de distrito permitía realizar inspecciones y clausuras temporales en las instalaciones de Pemex.

«Ante la negativa de la refinería de Cadereyta de colaborar con las autoridades y la orden judicial, y considerando las consecuencias que la emisión de contaminantes tiene en la población, se procedió a la clausura de la refinería», expresó el gobierno de Nuevo León en un comunicado oficial.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la orden de la Juez Segunda en Materia Administrativa, el equipo de la Secretaría del Medio Ambiente acudió a la refinería de Cadereyta, pero se les negó el acceso, lo que motivó la decisión de clausurar la instalación de manera temporal.

La Refinería de Cadereyta permanecerá clausurada hasta que Pemex demuestre su disposición a colaborar con las autoridades y cumpla con las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental.

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