En una carta conjunta firmada por los representantes del Poder Judicial, el Congreso del estado, la Fiscalía, la Auditoría Superior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal de Transparencia, diversos organismos autónomos en Nuevo León denunciaron que el gobierno estatal ha retenido el pago de la nómina correspondiente a la primera quincena de noviembre, afectando a más de 7 mil trabajadores. Esta acción, según los denunciantes, fue realizada por motivos políticos y busca ejercer una “revancha política” en contra de los organismos autónomos.

El impacto de la retención de la nómina

En la carta, los organismos señalan que la retención de la nómina afecta directamente a miles de familias que dependen de su salario para satisfacer sus necesidades básicas y mantener a sus hijos. Además, exigieron al gobernador Samuel García y a la Secretaría de Finanzas que se realice de manera urgente el pago correspondiente a los trabajadores. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León también envió una circular a sus empleados informándoles sobre el incumplimiento del pago y responsabilizando al Gobierno del Estado por esta situación.

La respuesta del gobernador de Nuevo León Samuel García

El gobernador Samuel García negó rotundamente que el gobierno estatal haya retenido el pago de la nómina de los organismos autónomos. García aseguró en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva que el gobierno estatal realizará el pago pendiente hoy mismo, y añadió que la ley les da hasta cinco días adicionales para pagar la nómina. Además, acusó a los denunciantes de usar esta situación como una herramienta de “grilla política”. El gobernador no dio más detalles sobre el retraso en el pago, pero indicó que el gobierno central también tiene pendientes los pagos a unos 59 mil servidores públicos.

La reacción de la opinión pública

La retención de la nómina por motivos políticos ha generado preocupación y malestar entre los trabajadores afectados, así como críticas hacia el gobierno estatal por utilizar los recursos económicos como una herramienta de presión y castigo hacia los organismos autónomos. Esperamos que la situación se resuelva de manera pronta y justa, garantizando el derecho de los trabajadores a recibir su pago sin ninguna interferencia política.

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