El gobierno del estado de Nuevo León, encabezado por Samuel García, ha cedido el control y la operación de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal (UIFE) a la Fiscalía General de Justicia estatal. El anuncio fue realizado a través de un decreto emitido por el gobernador emecista y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.
Esta medida responde a un emplazamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció como fecha límite el 14 de febrero para definir la controversia interpuesta por el Poder Legislativo de Nuevo León. Este último acusó al Poder Ejecutivo estatal de omitir la publicación aprobada desde junio de 2022, impidiendo su entrada en vigor.
Con este cambio, la UIFE se vuelve autónoma y ya no dependerá de la Tesorería Estatal. Esto implica que las investigaciones financieras, físicas y patrimoniales, así como la obtención de recursos de políticos, empresarios y ciudadanos, se llevarán a cabo de manera independiente y sin influencia del gobierno en turno.
El decreto establece un plazo de 60 días naturales para designar un nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera. Así como 90 días naturales adicionales para que tanto la Fiscalía Estatal como la Tesorería realicen las modificaciones necesarias en sus reformas internas.
La fiscalía especializada será el órgano encargado de investigar cualquier beneficio o incremento económico injustificable en las personas. Así como la participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita o en delitos contemplados en el Código Fiscal del estado.
Asimismo, el decreto obliga a la Secretaría de Finanzas a proporcionar los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para el correcto funcionamiento de la UIFE.
Cabe destacar que la publicación de esta legislación la ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde finales de noviembre de 2022. Lo anterior luego de considerar que el gobernador García Sepúlveda había incurrido en una omisión al no publicar el decreto previamente acordado por el Congreso de Nuevo León.
Los legisladores locales aprobaron una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León el 15 de junio de 2022. Sin embargo, a pesar de que la presidencia del Congreso ordenó su publicación en el periódico oficial, esto no se llevó a cabo.
Ante esta situación, el Congreso de Nuevo León presentó una controversia constitucional, argumentando que la omisión del gobierno violaba la división de poderes.
