El Gobierno federal presentó los avances y próximos objetivos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral lanzada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y que concentra más de 100 acciones orientadas a la reconstrucción del tejido social, el desarrollo igualitario y la reducción de la violencia en la entidad.

Durante la conferencia matutina del 28 de noviembre en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la pacificación requiere un enfoque comunitario y no exclusivamente coercitivo. Subrayó que la paz “se construye con las personas” y anunció que, como parte de la estrategia, se realizarán 16 Ferias del Bienestar en distintas regiones de Michoacán entre el 19 de noviembre y el 19 de diciembre, con la participación de municipios como Morelia, Uruapan, Hidalgo, Zamora, Jiquilpan y Pátzcuaro.

Rodríguez detalló que estas acciones también incluirán jornadas del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” y la instalación del Tianguis del Bienestar en dos municipios. En días recientes, el Gobierno reportó más de 19 mil atenciones en las ferias organizadas en comunidades purépechas y 7,743 servicios brindados en Morelia, además de la recepción de armamento y granadas mediante módulos de canje instalados en Zamora y la capital michoacana.

Por su parte, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, anunció el inicio de un censo domiciliario que abarcará los 113 municipios del estado. Explicó que personal de la dependencia visitará 1.3 millones de viviendas durante diciembre para identificar necesidades, verificar acceso a programas sociales y orientar a las familias sobre apoyos disponibles.

El Plan Michoacán contempla una inversión superior a 57 mil millones de pesos, incluida inversión mixta, con énfasis en educación, salud, vivienda y empleo. Para 2026, se proyectan 37 mil 450 millones de pesos en becas y programas sociales, destinados a 1.5 millones de habitantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el 9 de diciembre se presentará el primer informe oficial del plan, puesto en marcha el 9 de noviembre, ocho días después del homicidio del edil de Uruapan.

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