La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, informó sobre nuevas iniciativas de ley que buscan consolidar la Guardia Nacional y fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante la conferencia matutina, Godoy explicó que se trata de reformas que dotan de estructura legal y coordinación efectiva a las estrategias nacionales de seguridad.

Entre las iniciativas, destaca la creación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, operado por el Centro Nacional de Inteligencia. Este sistema será coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y estará enfocado en prevenir, detectar y desarticular amenazas contra la paz pública.

Godoy recalcó que todas las intervenciones estarán sujetas a la autorización de un juez, tal como establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus disposiciones vigentes. “No se le podrá dar ningún uso político por los candados con los que cuenta y las medidas de seguridad”, subrayó la funcionaria ante medios.

También se anunció una nueva Ley de la Guardia Nacional y seis ordenamientos legales adicionales que armonizan el marco jurídico con reformas constitucionales previamente aprobadas. La colaboración institucional será clave para lograr mejores resultados en prevención y persecución de delitos, con respeto al debido proceso y los derechos fundamentales.

La Guardia Nacional compartirá información con autoridades estatales y municipales mediante protocolos regulados, sin posibilidad de espionaje o usos arbitrarios, aseguró Ernestina Godoy. El nuevo sistema contará con vigilancia legal permanente, y cualquier intervención en comunicaciones requerirá una orden judicial previa, conforme a la legislación procesal penal vigente.

Nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Por su parte, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó otra iniciativa: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se trata de una legislación clave, explicó, ya que la norma vigente desde 2009 ha sido rebasada por los retos actuales y su diseño institucional limitado.

La nueva ley clarifica competencias entre instituciones en los tres niveles de gobierno, mediante un esquema concurrente que permitirá respuestas más coordinadas y eficientes ante delitos. Asimismo, otorga base jurídica al Gabinete Federal de Seguridad Pública, replicándolo en los estados mediante las mesas de paz que ya operan a nivel local.

Las reformas también obligan a las entidades federativas a alinear sus estrategias de seguridad con la estrategia nacional, para un enfoque homogéneo y eficaz en todo México. Con esta nueva arquitectura legal, el Gobierno federal busca consolidar un sistema de seguridad pública funcional, respetuoso de los derechos humanos y eficaz ante la delincuencia.

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