En breve… El Gobierno de México decidió expropiar un total de 68 hectáreas, 89 áreas y 91 centiáreas de tierras en Quintana Roo para su uso en la construcción del Tren Maya, justificando esta acción por «causa de utilidad pública».

A profundidad:

• Esta medida se estableció a través de un decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este miércoles.
• Los terrenos pertenecen al ejido «Xmaben y Anexos», localizado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, y serán transferidos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable del proyecto ferroviario y de la operación de la obra.
• Los propietarios de estas tierras serán compensados con una suma total de $27 millones 535 mil 640 pesos, según la valoración comercial realizada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
• Siguiendo el decreto, Fonatur presentó la solicitud de expropiación de estas tierras en 2022, específicamente para el tramo 6 Tulum-Chetumal. La asamblea general del ejido aprobó la ocupación temporal en julio del mismo año.
• Los residentes de estas tierras recibieron la notificación del avalúo realizado por Indaabin el 10 de febrero de 2023. Por su parte, la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dio su aprobación para la expropiación el 3 de julio, destinando las tierras para la construcción de obras de infraestructura ferroviaria y la operación del proyecto del Tren Maya.

Para considerar: 

• El Tren Maya es uno de los proyectos prioritarios impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo es establecer una extensa red ferroviaria de más de 1,500 kilómetros en cinco estados del sureste de México: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
• Desde el inicio de su construcción, diversas organizaciones nacionales e internacionales, así como activistas, han expresado preocupaciones sobre el posible impacto negativo en los derechos humanos de las poblaciones indígenas mexicanas y en el entorno ambiental de la región.
• Como resultado, han presentado amparos y solicitado al Gobierno la suspensión de trabajos en diferentes tramos debido a problemas como la tala de árboles, la contaminación de ríos subterráneos y el daño al patrimonio natural y arqueológico.

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