El Gobierno de México detalló un paquete de reformas a la Ley General de Población y la Ley de Desaparición Forzada, con el objetivo de transformar y fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en el país. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, expuso en conferencia de prensa matutina las principales modificaciones, destacando la creación de la Plataforma Única de Identidad, un sistema basado en la Clave Única de Registro de Población (CURP) que integrará datos biométricos y permitirá el intercambio de información en tiempo real entre autoridades.

Estas reformas representan una serie de medidas que buscan agilizar la respuesta ante desapariciones y aumentar la eficacia en la investigación y localización de personas. “Este sistema revolucionará la capacidad de respuesta ante desapariciones”, destacó Godoy, resaltando la importancia de la rapidez en la activación de alertas y la apertura de investigaciones.

Base Nacional de Carpetas de Investigación

La conversión de la CURP en documento oficial no solo servirá como identificador personal, también incluirá fotografía y huellas dactilares. Además, todos los trámites administrativos realizados por personas físicas deberán requerir la CURP, lo que permitirá que las autoridades puedan consultar y actualizar información en tiempo real.

Dentro de las reformas también se crea la Plataforma Única de Identidad, que integrará un sistema de alertas automáticas ante desapariciones, lo que permitirá una reacción inmediata por parte de las autoridades. Esta plataforma también será clave para la generación de búsquedas en tiempo real y la localización de personas desaparecidas.

Otro aspecto destacado de las reformas es la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, que centralizará todos los casos de personas desaparecidas y no localizadas. Esta base obligará a las fiscalías locales a compartir información forense y facilitará el acceso a datos clave en tiempo real. Las autoridades que no cumplan con este mandato enfrentará sanciones administrativas y penales.

Además, el Banco Nacional de Datos Forenses, administrado por la Fiscalía General de la República (FGR), será modernizado con tecnología satelital y el cruce de datos biométricos. Esto contribuirá a una mayor precisión en las investigaciones y agilizará la búsqueda de desaparecidos.

Sistema Nacional de Alerta

En cuanto a las alertas, se creará un nuevo Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, que utilizará inteligencia artificial para identificar coincidencias entre bases de datos gubernamentales y privadas. Empresas de telecomunicaciones, cementerios y crematorios estarán obligadas a integrarse a esta red, respetando la ley de protección de datos personales.

Godoy enfatizó la importancia de la participación de la sociedad civil en la implementación de estas reformas, señalando que los ciudadanos podrán reportar información a través de una aplicación vinculada a la Plataforma Única de Identidad.

Para fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades, las reformas exigen la creación de unidades especializadas dentro de las fiscalías para el análisis de contexto, la búsqueda inmediata y la investigación de delitos cibernéticos. Además, se establecerán perfiles profesionales mínimos para los investigadores, y las comisiones estatales de búsqueda recibirán equipamiento tecnológico de última generación.

Sanciones y obligaciones para autoridades y privados

Las reformas también imponen nuevas obligaciones a las autoridades que generan o resguardan información relacionada con la búsqueda de personas. Estas deberán mantener sus registros actualizados y habilitar consultas en tiempo real a través de la Plataforma Única de Identidad. Las autoridades que incumplan con estas obligaciones enfrentarán sanciones administrativas, que incluyen multas de entre 10,000 y 20,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPNDO) se convertirá en un sistema dinámico, con actualizaciones en tiempo real y la capacidad de geolocalización, lo que permitirá un seguimiento más preciso de los casos.

Las reformas también contemplan un incremento de penas para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Esto se complementará con la obligación de las autoridades de publicar mensualmente las cifras de casos de desapariciones, eliminando la opacidad en las estadísticas y garantizando mayor transparencia en la gestión de estos casos.

La implementación de estas reformas se llevará a cabo de forma escalonada. La Plataforma Única de Identidad estará operativa dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma, y la total implementación de las medidas se prevé que culminará en 180 días.

También te puede interesar:

• Harfuch confirma que rancho Izaguirre era centro de adiestramiento del CJNG