En un esfuerzo por fortalecer la cooperación internacional, Marcos A. Orellana, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y sustancias tóxicas, concluyó su segunda visita oficial a México. Durante su estancia, el experto de Naciones Unidas analizó el impacto de los desechos peligrosos en la salud y la vida de las comunidades, reconociendo avances legislativos pero advirtiendo sobre focos rojos de contaminación industrial que requieren atención inmediata.

La agenda de Orellana fue exhaustiva, logrando un acceso sin precedentes a los tres poderes de la Unión. Mantuvo diálogos con más de 15 dependencias federales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversas comisiones legislativas. El relator subrayó que, aunque México posee un marco legal de vanguardia —citando la Ley General de Economía Circular vigente desde enero—, la implementación efectiva sigue siendo el eslabón débil frente a los intereses industriales.

Recorrido por la «Geografía del Riesgo» Más allá de los despachos oficiales, el Relator realizó visitas de campo en siete estados: Sonora, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Yucatán. En estas entidades, Orellana escuchó testimonios directos de comunidades afectadas por vertederos tóxicos y actividad extractiva, dialogando también con el sector privado y académicos para obtener una visión sistémica del problema.

El punto de mayor coincidencia entre la ONU y las autoridades mexicanas fue la situación crítica de tres cuencas hídricas:

1. Río Atoyac (Puebla/Tlaxcala): Niveles alarmantes de vertidos industriales.
2. Río Lerma-Santiago (Estado de México/Jalisco): Uno de los cauces más contaminados del país.
3. Río Tula (Hidalgo): Impactado por la actividad de refinerías y cementeras.

Próximos Pasos: El Informe 2026

Fiel a los protocolos del Consejo de Derechos Humanos, Orellana presentará un informe detallado con recomendaciones vinculantes en la segunda mitad de este año. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha reafirmado su disposición para atender estas observaciones, buscando que el derecho constitucional a un ambiente sano deje de ser una aspiración legal para convertirse en una realidad cotidiana.

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