Hombres armados desencadenaron los hechos el 10 de octubre en la carretera Chanal-Altamirano, a la altura de la comunidad Yaalcuk, municipio de Huixtán. Interceptaron a un grupo de 132 pobladores, que regresaban de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, tras reunirse con autoridades y legisladores locales para abordar el conflicto que aqueja a la región. Los hombres, encapuchados y ataviados con ropa militar, secuestraron a los pobladores.

La víctima que logró liberarse el miércoles, compartió su experiencia, señalando: “Nosotros vimos atravesadas dos camionetas de lujo; unos hombres vestidos de militar y armas largas nos bajaron del carro a punta de cachazos e insultos, junto con los representantes de las comunidades, y luego nos amagaron. Nos dividieron en dos grupos: golpearon a los representantes de las comunidades por varios minutos, nos vendaron los ojos con cinta canela a nosotros; en la madrugada, liberaron a unos cuantos y nos subieron a unas camionetas”.

Bloqueo de carreteras en protesta en Chiapas

Este dramático episodio ha llevado a que los pobladores indígenas mantengan un bloqueo en las carreteras, en respuesta a las demandas de los grupos criminales, que han exigido la cooperación de la comunidad. Los familiares de los retenidos expresan su angustia y preocupación por la seguridad de sus seres queridos. Irma Santis, cuyo padre, Feliciano, se encuentra entre los secuestrados, declaró: «Que las autoridades del Gobierno actúen; eso no deben dejarlo así porque ya estamos hablando de un secuestro. Que ellos actúen y que el Gobierno nos responde por esos familiares; que los traigan con vida ya salvo».

Las autoridades, a nivel estatal y federal, han iniciado investigaciones a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, y se ha acordado el ingreso de 150 elementos de la Policía Estatal para fortalecer las acciones de seguridad junto a la Base de Operaciones Mixtas. Sin embargo, los pobladores continúan manteniendo los filtros de seguridad en tres puntos clave, permitiendo el acceso solo a ambulancias, vehículos particulares con citas médicas, así como carros que transportan alimentos esenciales.

Crisis en medio de un conflicto armado

Este dramático episodio se enmarca en un contexto de conflicto armado que ha afectado a los pueblos originarios de Chiapas. Durante este año, la región ha sido testigo de una creciente «guerra civil», caracterizada por homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, especialmente en comunidades indígenas y afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La situación se ha agravado tras la irrupción de un grupo vinculado al Cártel de Sinaloa en Frontera Comalapa, en el límite de México con Guatemala.

Este desafío político y social ha tenido un fuerte impacto en la economía de las familias y pequeñas empresas de Altamirano, con más de 3,000 estudiantes que han interrumpido sus clases, el cierre de servicios bancarios y restricciones severas para salir del pueblo. En medio de esta crisis, la comunidad espera que las autoridades tomen medidas contundentes para asegurar la liberación de los indígenas secuestrados y restaurar la paz en la región.

Te puede interesar: Cienfuegos, inocente de narcotráfico y Ayotzinapa, según López Obrador