El caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ha dado un giro judicial y mediático explosivo. Durante la audiencia inicial contra siete escoltas y un presunto operador criminal vinculados al homicidio, la Fiscalía de Michoacán expuso detalles estremecedores que apuntan a que el autor material del crimen, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de solo 17 años, fue víctima de una presunta ejecución extrajudicial a manos de uno de los guardaespaldas del edil.

El Ministerio Público presentó ante el juez una cronología que desató el escándalo. Según la evidencia, Víctor Manuel Ubaldo Vidales fue el encargado de ultimar al presidente municipal independiente, al meterle seis disparos en el cuerpo.

Sin embargo, la justicia del presunto atacante habría llegado de forma inmediata y violenta. La Fiscalía detalló que, en no más de 13 segundos después de que Ubaldo Vidales disparara contra Manzo, uno de los escoltas identificado como Demetrio, habría accionado el arma contra el joven homicida. La precisión de los hechos es impactante: el escolta disparó a menos de 30 centímetros en el pecho de Ubaldo Vidales, quitándole la vida con su misma arma.

Escoltas Impidieron la Atención Médica

La narrativa de la supuesta ejecución extrajudicial se vio reforzada por el testimonio de un paramédico que estuvo presente en la escena. Esta persona, que no solo atestiguó la secuencia de los disparos contra el joven atacante, sino que también era el profesional disponible para brindar ayuda, reveló que los escoltas le impidieron auxiliar al autor material del asesinato del alcalde.

Según el testimonio, los guardaespaldas no permitieron que se le brindaran los primeros auxilios ni la reanimación a Víctor Manuel Ubaldo Vidales, confirmando la intención de asegurar su deceso de manera inmediata.

Prisión Preventiva y Duplicidad del Término

Estos elementos fueron solo una parte de la evidencia presentada por la Fiscalía de Michoacán en una audiencia que se extendió por casi ocho horas. Al finalizar, el juez dictó prisión preventiva oficiosa a los siete escoltas y al presunto operador criminal que fueron imputados en el caso.

Ante la gravedad de los cargos y la complejidad de las pruebas, la defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional. Esto significa que la decisión crucial sobre la vinculación o no vinculación a proceso de los implicados se pospone hasta el próximo miércoles.