En el marco de la celebración de la Guelaguetza, Hugo Aguilar Ortiz, ministro de origen mixteco y próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que uno de los principales compromisos de su gestión será atender la histórica deuda de justicia hacia los pueblos indígenas del país.

Durante su intervención, Aguilar Ortiz señaló que se están preparando reformas legales para acercar el trabajo del máximo tribunal a las comunidades originarias, incluyendo sesiones regionales de la Corte y resoluciones traducidas a lenguas maternas. Subrayó que su administración buscará garantizar el acceso real y directo a la justicia para los pueblos originarios, a través de un modelo más inclusivo y sensible a sus contextos culturales y sociales.

El futuro titular del Poder Judicial federal afirmó que el acercamiento entre la Corte y la ciudadanía será uno de los pilares de su mandato. Consciente de las expectativas generadas durante su campaña, declaró que asumirá su nuevo cargo con plena responsabilidad, especialmente frente a los desafíos que implica transformar la relación entre las instituciones judiciales y las comunidades marginadas.

En cuanto a la vida interna del Poder Judicial, Aguilar Ortiz adelantó que impulsará una política de «cero tolerancia» hacia prácticas de nepotismo y corrupción. Consideró fundamental erradicar los abusos de poder y recuperar la confianza de la población en las instituciones judiciales.

En un gesto simbólico, el próximo presidente de la SCJN adelantó que propondrá reformas a la Constitución para institucionalizar la entrega del bastón de mando a los ministros y ministras electas como un acto de legitimidad cultural y respeto a las tradiciones indígenas. Además, planteará eliminar el uso de la toga, proponiendo en su lugar guayaberas como uniforme oficial, en un intento por reflejar la pluralidad y diversidad del país.

Finalmente, Aguilar Ortiz informó que todas las sesiones de la Corte se realizarán de manera pública y con acceso libre para la ciudadanía, con el objetivo de transparentar el actuar de los ministros y fortalecer la participación ciudadana en el quehacer judicial.

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