El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció un nuevo operativo nacional enfocado en revisar el bienestar de unos 450,000 menores migrantes no acompañados que ingresaron solos a Estados Unidos y posteriormente quedaron bajo el cuidado de familiares o patrocinadores. La medida, llamada “Iniciativa de Verificación de Seguridad”, se desarrollará junto a agencias policiales locales adscritas al programa 287(g), un acuerdo que permite a ciertos departamentos de policía colaborar directamente con tareas migratorias, desde verificaciones hasta detenciones.

La agencia sostiene que esta intervención busca garantizar que los menores no estén expuestos a explotación laboral, abuso sexual o negligencia. Según ICE, los agentes realizarán visitas domiciliarias y verificaciones de bienestar, un tipo de revisión que en los últimos años ha generado debate por la difusa línea entre supervisión de protección infantil y aplicación migratoria.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, recordó en un comunicado que durante la Administración de Donald Trump se efectuaron más de 24,000 visitas a hogares de niños migrantes en situaciones similares. La funcionaria afirmó que, con la nueva fase del programa, se están “ampliando los esfuerzos” para identificar menores en riesgo, en coordinación más estrecha con policías estatales y locales. McLaughlin también destacó que la iniciativa se centra en “rescatar a potenciales víctimas de trata laboral o sexual”, aunque insistió en que la finalidad principal es de carácter protector.

La llegada de menores no acompañados ha sido una constante en la última década. En los picos más altos —particularmente entre 2014 y 2022— miles de adolescentes y niños cruzaron la frontera huyendo de violencia, pobreza o reunificación familiar. Tras su ingreso, estos menores suelen ser trasladados a instalaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que posteriormente los entrega a un familiar o patrocinador aprobado.

Sin embargo, diversos informes y auditorías federales han documentado que algunos patrocinadores no son verificados adecuadamente, lo que ha derivado en casos de explotación laboral o condiciones de vida inestables. Debido a ello, revisiones como las que propone ICE han sido presentadas por el gobierno como esfuerzos para “corregir vacíos de supervisión”.

La implementación comenzó esta semana en Florida, uno de los estados con mayor participación en el programa 287(g) y con un historial de cooperación intensa en materia migratoria. En las primeras jornadas, ICE reportó la detención de tres hondureños con cargos criminales previos, aunque las autoridades aclararon que estos antecedentes no estaban relacionados con el cuidado de los menores bajo revisión en la iniciativa.

A pesar del énfasis oficial en la seguridad infantil, defensores de los derechos de los inmigrantes han manifestado inquietud. Varias organizaciones advierten que las visitas podrían desembocar en arrestos de adultos indocumentados que viven con los menores, incluso sin antecedentes penales, lo que —según alertan— podría provocar un miedo generalizado entre familias que ya enfrentan vulnerabilidad legal y económica.

Estos grupos también critican la participación de cuerpos policiales locales bajo 287(g), un programa históricamente cuestionado por asociaciones civiles que sostienen que confunde funciones policiales y migratorias y genera desconfianza en comunidades latinas.

También te puedes interesar:

1. VIDEO: Policías rescatan a bebé recién nacido abandonado en un basurero