La investigación sobre el brutal ataque con drones y explosivos ocurrido en el municipio de Coahuayana, Michoacán, que dejó un saldo de seis personas muertas, ha arrojado avances cruciales. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha confirmado que, mediante trabajos de inteligencia, se ha logrado la identificación de al menos tres individuos señalados como los operadores directos del dispositivo aéreo que provocó la explosión.

El fiscal estatal, Adrián López Solís, indicó que ya tienen en la mira a los presuntos responsables, vinculando el violento suceso con la intensa disputa territorial en la frontera con Colima.

«Hemos ya ubicado los rostros de quienes pudieron haber accionado mediante un dispositivo a larga distancia la posible dinámica de este hecho lamentable que se tuvo. Ya lo estamos trabajando con personal de Colima y sobre todo con las instancias federales de SCPC para que nos puedan ellos ayudar», declaró el funcionario.

El fiscal Torres Piña fue enfático al señalar la posible autoría del atentado, atribuyendo la acción a un grupo criminal específico y apuntando a un conflicto operativo con fuerzas locales: «Es evidente que pudo haber sido del grupo de Jalisco (CJNG) contra la policía de la comunidad de Coahuayana». Esta declaración subraya la alta probabilidad de que el ataque sea una represalia directa del Cártel de Jalisco Nueva Generación contra las corporaciones de seguridad de la región.

Logística del ataque

En cuanto a la logística del ataque, se identificó una camioneta Dodge RAM Dakota negra, utilizada como vehículo para el explosivo. El fiscal informó que el propietario original de la unidad ya compareció ante el Ministerio Público y logró acreditar la venta del vehículo antes del incidente, deslindándolo así de cualquier responsabilidad.

Ante las versiones que buscaban vincular a la Policía Comunitaria de Coahuayana con actividades irregulares que pudieron detonar el ataque, el fiscal aclaró el estatus de la corporación. Subrayó que, hasta el momento, ningún elemento de la fuerza local ha sido llamado a declarar en calidad de indiciado ni se encuentra bajo investigación formal por la explosión.

No obstante, Torres Piña aprovechó la coyuntura para advertir sobre la necesidad de regulación estricta y control de armamento. Hizo hincapié en que el reconocimiento oficial como «policía» se restringe solo a aquellos dados de alta en corporaciones municipales. Adelantó que la FGE se coordinará con la Sedena y el Secretariado Ejecutivo para realizar una revisión semestral de licencias colectivas y cotejo de armas, un procedimiento clave para evitar el uso indebido de la fuerza en una zona de alta conflictividad.