La iglesia católica cuestionó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el interés de despenalizar el aborto, ya que resolvieron una contradicción de criterios entre tribunales colegiados, en la que ahora una mujer puede ampararse contra las leyes que penalizan el aborto, aún sin estar embarazada, expresan.

La iglesia hace una serie de preguntas en su editorial: ¿La mujer necesita protegerse de su propio hijo, al grado de tener que quitarle la vida?, recalca que es una “situación extrema”, el  cual es un discurso plagado de mentiras y falsos derechos, deshumanizando la vida en su inicio, enfatiza.

También cuestiona a la Suprema Corte por expresar que la vida del concebido debe protegerse de manera gradual, la iglesia se pregunta ¿Cuáles son los criterios científicos, filosóficos, jurídicos o de derechos humanos que sustentan que proteger una vida de manera gradual se pueda llamar “justicia”?

Por otra parte, la SCJN ha dicho que la vida del concebido aún no nacido debe protegerse de manera gradual; esto nos hace generar otras preguntas: ¿Por qué una vida humana se protege de manera gradual y no absoluta? ¿Cuáles son los criterios científicos, filosóficos, jurídicos o de derechos humanos que sustentan que proteger una vida de manera gradual se pueda llamar “justicia”?

Iglesia cuestionó las decisiones de la SCJN

Otro punto que considera pertinente la iglesia es que dicho tema lo regulen los congresos, como el poder legislativo y a su vez lo definan los gobiernos en política pública, recalcan “está siendo invalidado por un poder que, aprovechando su facultad interpretativa en materia de derechos humanos, intenta ordenar, dictando cómo deberían ser las leyes a su juicio”.

También considera la iglesia que los criterios de la Corte no son obligatorios para el poder legislativo en la elaboración de leyes, lo cual ha sido sostenido públicamente por algunos ministros de la Corte en sus votos particulares.

La iglesia ve con preocupación en materia de derechos humanos, el respeto por la Vida continúa siendo vulnerado, en la práctica, en las leyes y en las interpretaciones judiciales. Reiteran “que no se busca castigar con cárcel a una mujer que haya tenido que abortar, pero mientras se disfrace de supuesto derecho lo que en sí es una tragedia; mientras no se genere política pública que apoye a la mujer embarazada en lugar de orillarla a deshacerse de su hijo, como si ésta fuera la única respuesta capaz de ofrecerse por parte de la sociedad y del gobierno ante un embarazo inesperado; mientras el negocio del aborto siga disfrazándose de una supuesta piedad por las mujeres, es importante seguir denunciando”.

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