El reciente aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al impuesto del 2% para plataformas de reparto como Uber y Didi reabrió el debate sobre regulación digital, competitividad y compromisos comerciales internacionales. La organización Alianza In México advirtió que la medida podría generar incertidumbre económica, trato fiscal desigual y cuestionamientos sobre el cumplimiento de México en el T-MEC.

La asociación de plataformas digitales Alianza In México expresó su preocupación tras la decisión de la SCJN de permitir que la Ciudad de México aplique un impuesto del 2% a aplicaciones de reparto de alimentos y paquetería. Según la agrupación, la resolución llega en un momento “poco propicio” para atraer inversión y podría vulnerar compromisos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En un comunicado, la organización enfatizó que el impuesto tendrá un impacto “importante y regresivo” en un ecosistema del que dependen cientos de miles de familias, además de pequeños y medianos negocios que utilizan estas plataformas como canal comercial. La medida también afectaría a los millones de consumidores que recurren diariamente a estos servicios.

Alianza In México argumentó que el gravamen constituye un trato fiscal discriminatorio frente a otros proveedores que utilizan igualmente la infraestructura urbana sin estar sujetos a un arancel similar. La agrupación recordó que, en junio pasado, la propia SCJN había declarado inconstitucional este impuesto, lo que deja ahora dos fallos contradictorios que podrían derivar en incertidumbre jurídica.

De acuerdo con el proyecto impulsado por la ministra Lenia Batres, el cobro responde a la necesidad de compensar el desgaste causado por motocicletas y vehículos de reparto en la infraestructura urbana capitalina. Sin embargo, la organización señaló que, bajo esa lógica, “debería aplicarse también a múltiples sectores” que operan en la vía pública para generar ingresos.

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