En México, la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda del Partido Revolucionario Institucional (PRI) está impulsando una iniciativa para imponer sanciones más severas a aquellos que se beneficien de la gestación subrogada y de la entrega de los niños producto de este proceso. La propuesta busca establecer una pena de 15 a 25 años de prisión, así como una multa de 2 mil a 30 mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quienes, mediante contrato, participen en esta práctica.

La propuesta, que se encuentra en análisis en la Comisión de Derechos Humanos, busca añadir un nuevo artículo a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el objetivo de garantizar que este tipo de contratos sean considerados nulos de pleno derecho.

La gestación subrogada, también conocida como maternidad subrogada, es un tema complejo y su regulación varía de un estado a otro en México. Hasta el momento, no existe una legislación federal específica que aborde el tema de manera integral en todo el país. Esta falta de una regulación uniforme ha llevado a disparidades significativas en la forma en que se maneja la gestación subrogada en diferentes regiones.

Una de las preocupaciones principales de la diputada Díaz Tejeda es la posibilidad de explotación y trata de personas derivada de la gestación subrogada. Según la legisladora, los controles actuales impuestos sobre las agencias y profesionales involucrados no han sido suficientes y han permitido que organizaciones criminales aprovechen esta práctica para explotar a las mujeres.

La propuesta de Díaz Tejeda destaca la importancia de la cooperación entre autoridades locales, agencias gubernamentales y organizaciones internacionales para prevenir la trata de personas en el contexto de la gestación subrogada. Sin embargo, también reconoce que la consideración de esta práctica como trata de personas es un tema complejo y ampliamente debatido a nivel internacional.

Uno de los puntos de preocupación es si las mujeres que actúan como gestantes subrogadas tienen plena autonomía y toman decisiones de manera libre y voluntaria. En muchos casos, estas mujeres se encuentran en situaciones económicas precarias y se ven motivadas por la necesidad financiera a participar en la gestación subrogada. Esto plantea dudas sobre la autenticidad del consentimiento y si están siendo influenciadas por presiones sociales, económicas o familiares.

Además, existe el riesgo de que se priorice el beneficio económico sobre la protección de los derechos y el bienestar de las mujeres gestantes cuando la subrogación se convierte en un negocio lucrativo. La falta de supervisión y control en esta área puede dar lugar a abusos y violaciones de derechos.