Millones de usuarios de servicios financieros en México están a punto de ver un cambio radical en la forma en que interactúan con los bancos. A pesar de la facilidad con la que las instituciones financieras y comerciales ofrecen la apertura de nuevas líneas de crédito, la cancelación de estos plásticos a menudo se convierte en un verdadero calvario burocrático para los clientes.

Para poner fin a estas prácticas abusivas y devolver el poder a los usuarios, el diputado Ricardo Monreal Ávila ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. La propuesta busca establecer tiempos expeditos y procesos simplificados para la cancelación de tarjetas de crédito y débito.

La Promesa: Cancelación en 72 Horas y Sin Costo

La iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados, tiene como objetivo central restablecer la simetría y el equilibrio en la relación, a menudo desigual, entre usuarios e instituciones. El diputado Monreal resumió el espíritu de la ley con una frase contundente: «Nadie debe quedar atrapado en un contrato por falta de medios adecuados para cancelarlo”.

Entre los puntos más importantes de la propuesta, se destacan:

1. Plazo Máximo de Tres Días: La cancelación de la tarjeta, una vez solicitada, deberá concretarse en un máximo de tres días hábiles.
2. Acceso Universal y Ágil: Los usuarios podrán finalizar su contrato a través de canales presenciales, telefónicos o digitales, sin importar su ubicación o el acceso a la tecnología.
3. Cero Costos: La cancelación deberá realizarse sin la aplicación de costos, comisiones, penalizaciones ni la exigencia de trámites excesivos.
4. Refuerzo a la Protección: Se busca una protección reforzada del usuario ante prácticas indebidas, obligando a las instituciones a cumplir los plazos de manera puntual.

Este cambio responde a la creciente cantidad de plásticos en circulación. Actualmente, circulan más de treinta y siete millones de tarjetas de crédito en México, con un saldo de financiamiento que supera los seiscientos treinta mil millones de pesos.

El Contexto: Un Mercado en Expansión y la Necesidad de Certeza

La urgencia de esta reforma se fundamenta en la tendencia de inclusión financiera del país. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, seis de cada diez adultos mexicanos ya poseen una tarjeta de débito, reflejando una tendencia al alza desde 2018. A medida que el número de usuarios aumenta, la necesidad de garantizar certeza y transparencia en todos los procesos contractuales se vuelve crítica.

El diputado zacatecano argumentó que, si bien la facilidad para obtener una tarjeta promueve la inclusión, la dificultad para salir de un contrato crea un desequilibrio. Su propuesta busca eliminar las prácticas abusivas que mantienen a los clientes «atrapados», obligándolos a realizar gestiones engorrosas y repetitivas.