María Teresa Ealy Díaz, diputada federal de Morena, presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta 12 semanas. La propuesta fue entregada a la Comisión Permanente y busca modificar el artículo 4º de la Constitución Política, reconociendo explícitamente el derecho a decidir sobre la reproducción.

El objetivo es establecer un marco legal uniforme que elimine la criminalización del aborto y garantice el acceso libre, seguro, gratuito y sin discriminación a este servicio. Ealy Díaz argumentó que negar este derecho perpetúa la subordinación histórica de las mujeres y constituye una forma de violencia institucional avalada por el Estado.

“Obliga a muchas a recurrir a procedimientos clandestinos e inseguros o a enfrentar embarazos no deseados que vulneran su dignidad e integridad”, afirmó la legisladora.

Aborto legal en México

Actualmente, 18 estados han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas, mientras que otras entidades mantienen leyes restrictivas que crean escenarios de desigualdad jurídica y territorial. La iniciativa señala que esta disparidad contraviene principios constitucionales como la igualdad, la no discriminación y el derecho a la salud de todas las personas gestantes.

La diputada recordó que la Suprema Corte ya ha declarado inconstitucionales diversas normas penales que criminalizan el aborto, como en los casos de Coahuila y el ámbito federal. En 2021, la SCJN invalidó artículos del Código Penal de Coahuila, y en 2023 hizo lo mismo con normas del Código Penal Federal, ordenando garantizar el servicio.

Sin embargo, Ealy Díaz explicó que estas resoluciones, aunque vinculantes, no sustituyen la necesidad de una reforma constitucional que otorgue certeza jurídica nacional. La reforma propuesta también responde a compromisos internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos, salud reproductiva y no discriminación contra las mujeres.

Instrumentos como la CEDAW, el Protocolo de San Salvador y la Convención de Belém do Pará respaldan el derecho a servicios de salud sexual y reproductiva. La propuesta establece que toda persona podrá decidir libremente sobre su reproducción, y que el Estado garantizará el aborto legal hasta la semana 12 de gestación.

Esto deberá hacerse bajo principios de salud pública y derechos humanos, eliminando obstáculos legales, sociales o económicos que impidan el ejercicio pleno de este derecho.

“Toda persona tiene derecho a decidir de forma libre, informada y responsable sobre su reproducción”, concluyó Ealy Díaz al presentar la iniciativa en tribuna.

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