En contra de la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó de manera unánime una solicitud de ampliación presupuestal por mil 500 millones de pesos para la elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el próximo mes de junio.
En una sesión celebrada recientemente, los consejeros reconocieron la importancia de contar con los recursos necesarios para llevar a cabo un proceso electoral transparente y eficiente, a pesar de las objeciones planteadas por la mandataria.
Durante el debate, la consejera electoral Dania Ravel hizo hincapié en la necesidad de especificar de manera clara el destino de estos fondos adicionales, con el fin de garantizar su correcta utilización y evitar posibles malentendidos.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey advirtió sobre las consecuencias que podría significar un recorte presupuestal en la operatividad y logística del INE, enfatizando la importancia de contar con los recursos necesarios para realizar una elección de tal envergadura.
La consejera resaltó que, en respuesta a la solicitud de la presidenta de la República para transparentar y detallar los costos de la elección, así como el incremento presupuestal necesario, se subrayaron los rubros de mayor gasto, como la contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales, con el fin de mejorar las condiciones del proceso, cumpliendo lo más posible con las exigencias legales.
¿En qué se prevé utilizar estos recursos?
Entre los rubros en los que se prevé utilizar estos recursos se encuentran la impresión de más de 600 millones de boletas electorales, la contratación de supervisores y capacitadores electorales a lo largo y ancho del país, así como la instalación de un mayor número de casillas para garantizar la participación ciudadana en el proceso electoral.
A pesar de las objeciones planteadas por algunas figuras públicas, la consejera Norma Irene de la Cruz subrayó la importancia de contar con los recursos necesarios para cumplir con las responsabilidades constitucionales del INE, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
En este sentido, resulta fundamental que tanto las autoridades electorales como las instituciones gubernamentales colaboren de manera coordinada para garantizar la correcta utilización de estos recursos adicionales y velar por la integridad del proceso electoral.