El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar a los candidatos que aparecieron en los acordeones de la elección judicial, imponiendo 239 multas y amonestaciones públicas a más de 200 candidatos ganadores. La suma total de las sanciones asciende a 6.3 millones de pesos, marcando un precedente en la fiscalización de las campañas.

En una votación dividida de 6 votos a favor y 5 en contra, el INE aprobó estas sanciones dirigidas a candidaturas de la elección judicial, federales y locales (Ciudad de México y Sonora), que se beneficiaron de su aparición en materiales físicos y digitales conocidos popularmente como «acordeones» o «guías de votación».

La sanción base se estableció en el 10% del tope de gastos de campaña, lo que significaba montos entre 22 mil y 146 mil pesos, dependiendo del cargo al que se aspiraba. Sin embargo, la Unidad de Fiscalización del INE tomó en cuenta la capacidad de pago individual de cada sancionado para ajustar los montos, buscando una aplicación más equitativa de la normativa.

Un ejemplo notable de esta situación son las nueve candidaturas triunfadoras para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes figuran en ambas listas de sanciones: por acordeones físicos y por guías de votación digitales. Al sumar las multas de ambas listas, se revelan cifras significativas:

1. Arístides Guerrero: $80,555 pesos
2. Giovanni Figueroa: $94,358 pesos
3. Hugo Aguilar: $79,424 pesos
4. Lenia Batres: $89,380 pesos
5. Loreta Ortiz: $255,017 pesos
6. María Estela Ríos: $125,811 pesos
7. Sara Irene Herrerías: $138,030 pesos
8. Yasmín Esquivel: $190,980 pesos

En total, se aplicaron 121 multas por la aparición en acordeones físicos y 118 sanciones adicionales por el uso de acordeones digitales. Para aquellos candidatos que perdieron la elección pero aparecieron en estos materiales, el INE optó por una amonestación pública.

A pesar de la aprobación mayoritaria, la consejera presidenta Guadalupe Taddei expresó su desacuerdo, argumentando que las sanciones por acordeones carecen de «asidero jurídico» y vaticinando que el Tribunal Electoral revertirá estas decisiones. Este punto de vista subraya la complejidad y la potencial controversia legal que rodea esta nueva medida del INE.