El Instituto Nacional Electoral (INE) ha definido una ruta crítica para fortalecer la integridad de las elecciones en México. A través de un documento que integra 240 propuestas aprobadas por el Consejo General, el organismo busca una reconfiguración operativa y legal que le permita cumplir con sus funciones de fiscalización y organización sin las ataduras técnicas que han limitado su actuación en años recientes.

Una elección judicial fuera de la «tormenta»

Uno de los puntos más críticos es la propuesta de recorrer la elección judicial de 2027 al mes de septiembre. El Consejo General argumenta que realizar la renovación de más de 800 cargos judiciales de forma concurrente con la elección federal intermedia y 17 elecciones locales representaría un riesgo logístico incalculable.

El razonamiento técnico apunta a que en septiembre la nueva legislatura ya habrá entrado en funciones y los procesos de impugnación de las gubernaturas habrán concluido. Asimismo, se busca evitar los meses de octubre y noviembre debido a las complicaciones climáticas que suelen afectar diversas regiones del país, dificultando la instalación de casillas y el traslado de paquetes electorales.

Fin al bloqueo informativo en fiscalización

En materia de transparencia financiera, el INE propone una ofensiva directa contra la opacidad. La institución busca que el secreto ministerial no sea aplicable para la autoridad electoral.

La propuesta busca establecer sanciones claras para las autoridades que obstaculicen la labor del INE, argumentando que tras vencer el secreto bancario y fiduciario, el secreto penal es la última gran barrera que protege el financiamiento ilegal en la política mexicana.