El Instituto Nacional Electoral (INE) ha informado que un total de 416 personas han sido sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, según el Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS) gestionado por la institución. Desde su implementación, se han aplicado 363 sanciones, siendo 289 hombres y 74 mujeres los sancionados.
De acuerdo con el último reporte del 4 de julio, se destaca que el estado de Oaxaca lidera la lista con 142 registros de sanciones. Entre los casos sancionados en dicha entidad, 78 corresponden a presidentes municipales, 58 a regidores y 14 a síndicos. La mayoría de los registros, 315 casos (75.72%), pertenecen al ámbito municipal, seguidos por 58 casos (13.94%) a nivel estatal y 43 casos (10.34%) a nivel nacional.
En relación a las sanciones impuestas, los tribunales estatales han resuelto 294 casos, los Organismos Públicos locales 61, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 44 casos.
El reporte detalla que las conductas sancionadas fueron clasificadas principalmente como «leves» en 143 casos (34.38%), seguidas por «grave ordinaria» en 130 casos (31.25%), «ordinaria» en 47 casos (11.30%) y «grave» en 33 casos (7.93%).
Tipo de sanciones
Las sanciones incluyen la permanencia en el RNPS por períodos que van desde tres años para faltas leves hasta seis años en casos de reincidencia. Además de la inclusión en el registro, las autoridades pueden imponer multas, correcciones disciplinarias o medidas de prevención.
En el análisis de los casos registrados, se observa que el 50% de ellos no recibió multa. Mientras que en 133 casos se impuso una sanción económica y en 66 casos una amonestación pública.
Es importante señalar que una falta «leve» implica permanecer en el RNPS durante tres años; en caso de falta «ordinaria», la permanencia es de cuatro años; siendo de cinco años en casos de falta «especial» y hasta seis años en reincidencia.
Estas cifras muestran el compromiso del INE en combatir la violencia política contra las mujeres, procurando sancionar a quienes vulneran los derechos y la integridad de las mujeres en el ámbito político.
