El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado la decisión de suspender por 90 días los plazos para resolver recursos de revisión en materia de transparencia, una medida que impacta tanto al propio organismo como a los partidos políticos. Esta determinación se debe a la falta de condiciones operativas y tecnológicas para asumir sus nuevas funciones como garante de la transparencia, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La reforma en materia de transparencia asignó al INE la responsabilidad no solo de sus propios recursos de información, sino también los de los partidos políticos, una tarea que ha demostrado ser más compleja de lo anticipado. El acuerdo aprobado por el Consejo General del INE subraya la «complejidad del proceso de transición institucional y tecnológica», justificando la suspensión de plazos para trámites, procedimientos y medios de impugnación presentados por cualquier vía, hasta que se cuente con la infraestructura necesaria para cumplir con sus atribuciones.

La consejera Rita Bell López, presidenta del grupo de trabajo en materia de transparencia, enfatizó que esta suspensión no afectará las solicitudes de información directas ni el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de Datos Personales (ARCO y P), así como la verificación de las Obligaciones de Transparencia. Sin embargo, reconoció la dificultad de la decisión: «No es una decisión sencilla, estamos muy conscientes de las implicaciones de mantener en pausa estas resoluciones de recursos de revisión».

Por su parte, la consejera Claudia Zavala detalló que la demora se debe, en parte, a la entrega incompleta de expedientes por parte del extinto INAI, señalando que en una primera entrega faltaban 15 expedientes cruciales. Esto, sumado a la necesidad de establecer cómo se cumplirán las obligaciones con los partidos políticos, ha generado «dilemas que seguimos enfrentando en la aplicación de esta reforma».

Finalmente, la consejera Dania Ravel insistió en que esta medida no busca evadir ni retrasar el cumplimiento de sus nuevas atribuciones, sino que es una «etapa organizativa, excepcional y temporal» para preparar al Instituto para cumplir de manera «legal, ordenada y eficaz» con sus responsabilidades.