La Comisión Jurisdiccional del Congreso de Nuevo León se reunirá esta tarde para dar inicio al análisis del proceso de sanción al ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón y a su secretario general de Gobierno, Manuel González. Este análisis surge en respuesta a la resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que halló a ‘El Bronco’ culpable de un posible desvío de recursos estatales durante su candidatura presidencial en 2018, en el episodio conocido como las ‘broncofirmas’.

Antecedentes del caso de ‘El Bronco’

La controversia se remonta a 2018 cuando Jaime Rodríguez Calderón, conocido como ‘El Bronco’, buscaba la presidencia de la República. Surgieron denuncias presentadas por Samuel García y Mariela Saldívar, entonces diputaos locales de Movimiento Ciudadano, quienes señalaron un presunto uso indebido de recursos estatales en la recolección de firmas necesarias para respaldar la candidatura de Rodríguez.

Se alegó que se emplearon recursos económicos y personal del aparato burocrático estatal en la recopilación de las ‘broncofirmas’, un acto que desencadenó un cuestionamiento sobre la legalidad de los métodos empleados por ‘El Bronco’ para asegurar su participación en la contienda presidencial.

Acciones del Congreso de Nuevo León

La Comisión Jurisdiccional, encabezada por la diputada Lilia Olivares, iniciará el proceso de sanción en cumplimiento de la sentencia de la Sala Regional Especializada. Olivares destacó que la resolución establece un plazo de 5 días hábiles para iniciar el procedimiento, aunque no se especifica un límite temporal para imponer las sanciones. A pesar de la incertidumbre sobre la magnitud de las sanciones, Olivares adelantó que podrían incluir medidas como sanciones económicas o inhabilitación.

Es importante señalar que la posible sanción recae no solo en ‘El Bronco’ sino también en Manuel González, quien ocupó el cargo de gobernador interino. La participación de ambos en el presunto desvío de recursos estatales para la recolección de firmas es un factor clave en el proceso que enfrentarán ante la Comisión Jurisdiccional.

Denuncias y obstáculos anteriores

La denuncia inicial fue presentada en enero de 2018 por García y Saldívar, desencadenando una serie de impugnaciones y desafíos legales por parte de Rodríguez y González. Una controversia constitucional presentada en septiembre de 2019 frenó temporalmente el proceso, pero la resolución del Tribunal Electoral estableció que el Congreso debió haber cumplido con la sentencia desde agosto de 2020.

El 1 de septiembre de 2023, el Poder Legislativo local fue notificado de que tenía 30 días naturales para acatar la sentencia, señalando un plazo que debe ser respetado para cumplir con la resolución de la Sala Regional Especializada.

Este desarrollo subraya la importancia de la rendición de cuentas y la aplicación de la ley, señalando que incluso los líderes políticos de alto perfil deben enfrentar las consecuencias si se encuentran culpables de irregularidades.

El camino hacia la resolución completa del caso promete ser interesante, ya que se espera que la Comisión Jurisdiccional cumpla con la responsabilidad de imponer sanciones justas y proporcionales a las acciones en cuestión.

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