El Senado de la República dio inicio este lunes a las audiencias públicas para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El proceso se llevará a cabo durante dos días y contará con la participación de especialistas del ámbito jurídico, académico y profesional.

Las comisiones unidas de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda abrieron el diálogo a 40 ponentes seleccionados entre 135 personas que se registraron para intervenir en los conversatorios. El objetivo es contrastar posturas sobre una reforma que, según el Ejecutivo federal, busca actualizar y eficientar los procesos de amparo en el país.

Opiniones divididas sobre el alcance de la reforma

El debate ha generado opiniones encontradas entre juristas y académicos. Algunos expositores manifestaron su respaldo a la iniciativa, mientras otros expresaron preocupaciones sobre posibles retrocesos en el acceso a la justicia.

Alberto Priego Miranda, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, cuestionó los fundamentos de la propuesta al considerar que se presentan cifras elevadas como prueba de un supuesto abuso del amparo, cuando en realidad reflejan actos de autoridad que han sido declarados inconstitucionales. “Las suspensiones han sido una vía para frenar excesos de poder, no para proteger ilegalidades”, señaló.

En contraste, el abogado litigante Ulrich Richter Morales defendió la reforma al asegurar que se trata de una propuesta sencilla, basada en criterios jurisprudenciales, y que fortalece la capacidad del juez para resolver caso por caso. “El juzgador seguirá siendo clave, nada se automatiza ni se despoja de análisis individual”, afirmó.

Interés legítimo, digitalización y acceso

Uno de los puntos de mayor discusión ha sido la modificación del concepto de «interés legítimo», que ha sido central para que organizaciones civiles, colectivos y ciudadanos interpongan amparos en causas de interés general.

Sobre esto, la académica Luisa Conesa Labastida advirtió que eliminar este criterio debilitaría el carácter social del amparo. “Sin interés legítimo, se limita la capacidad ciudadana de exigir legalidad y derechos frente al poder público”, sostuvo.

Por otro lado, varios participantes destacaron los avances que plantea la reforma en materia de digitalización del sistema. Carlos Cuenta Dardón, presidente del Colegio de Derecho Procesal Penal, consideró positiva la posibilidad de promover juicios de amparo de manera electrónica. “Es una buena reforma en ese aspecto, pero hay que revisar cómo se regulan las actuaciones de fiscalías y medidas cautelares como la prisión preventiva”, comentó.

En la misma línea, Benjamín Canela Manzo, académico de la UNAM, reconoció que la reforma abre la puerta a procesos más ágiles y transparentes: “Digitalizar y reducir plazos representa un avance hacia una justicia más accesible”.

No obstante, José Ángel Santiago Ábrego, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, advirtió que las nuevas reglas podrían dificultar que individuos y organizaciones sociales accedan al amparo para proteger intereses colectivos.

Las conclusiones de estas audiencias públicas serán integradas en el análisis legislativo que realizarán las comisiones dictaminadoras del Senado. La reforma a la Ley de Amparo forma parte de la agenda prioritaria del nuevo gobierno y podría marcar un cambio significativo en el equilibrio entre poderes y en el acceso a la justicia.

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