Inzunza rechaza dejar el Senado y promete acudir a la FGR si es citado
03/05/2026 - Hace 1 mes en MéxicoInzunza rechaza dejar el Senado y promete acudir a la FGR si es citado
El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, afirmó que no solicitará licencia a su cargo pese a las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico, y aseguró que enfrentará los señalamientos desde el Senado.
En declaraciones a medios, el legislador calificó las imputaciones como “falsas y dolosas”, y sostuvo que continuará con sus funciones parlamentarias mientras responde a las acusaciones que, según dijo, provienen de una corte federal en Estados Unidos.
Inzunza Cázarez indicó que acudirá a cualquier citatorio que emita la Fiscalía General de la República, al subrayar que “no tiene nada que temer”. Señaló además que actualmente se encuentra en Badiraguato, su lugar de origen, desde donde se prepara para los trabajos legislativos de la Comisión Permanente.
Con más de 25 años de trayectoria en el Poder Judicial, incluyendo 11 como magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa, el senador defendió su historial profesional y aseguró haber dedicado su vida al servicio público. Recordó que su incursión en la política ocurrió hace cinco años, cuando se desempeñó como secretario de Gobierno en la administración de Rubén Rocha Moya, antes de obtener la senaduría.
El legislador también rechazó versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta intención de colaborar con autoridades estadounidenses como testigo protegido, calificándolas como “mentiras sin fundamento”.
En paralelo, el caso ha generado reacciones dentro de Morena. El coordinador del partido en el Senado, Ignacio Mier, y la vicecoordinadora en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, respaldaron la decisión del gobernador Rubén Rocha Moya de solicitar licencia, al considerar que ello permitirá que la investigación de la Fiscalía se realice con mayor independencia.
Ambos legisladores contrastaron esta postura con la de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien señalaron por no ofrecer explicaciones públicas sobre la presunta autorización de operaciones de la Agencia Central de Inteligencia en territorio mexicano.
El caso ocurre en un contexto de tensión política, donde las acusaciones por presuntos nexos con el crimen organizado coinciden con debates sobre soberanía nacional, seguridad y cooperación internacional, lo que ha intensificado el cruce de posicionamientos entre actores políticos.
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