A unos días de cumplir la condena que le fue impuesta por delitos federales, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, permanecerá en prisión debido a nuevos procesos penales en su contra.

El próximo 15 de abril, Duarte concluirá la sentencia de nueve años de prisión que recibió tras declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero, por los que ha estado recluido en el Reclusorio Norte desde 2017. Sin embargo, su salida no se concretará.

De acuerdo con su defensa, encabezada por el abogado Pablo Campuzano de la Mora, el exmandatario impugnó recientemente la decisión judicial que lo vinculó a proceso en febrero pasado por el delito de peculado por 5 millones de pesos, recursos que presuntamente fueron desviados de un fondo destinado a obras de salud para niños y adultos mayores en 2012.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Gustavo Aquiles Villaseñor, no solo determinó iniciar este nuevo proceso, sino que además ratificó la prisión preventiva justificada, medida que mantendrá a Duarte en reclusión mientras se desarrolla el caso.

En paralelo, se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, que concluirá el 17 de agosto, periodo en el que tanto la defensa como la Fiscalía General de la República reunirán pruebas para el juicio correspondiente a la causa penal 667/2025.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción busca imponer una nueva condena de hasta 21 años de prisión por este delito. En ese contexto, la defensa promovió un recurso de apelación y obtuvo una suspensión que podría aplazar el avance del procedimiento penal hasta que se resuelva un amparo en trámite.

El abogado también ha señalado que, por ahora, no considera viable solicitar una audiencia adicional para revisar la situación jurídica de su cliente, pese a que anteriormente se había planteado esa posibilidad antes del cumplimiento de la sentencia vigente.

Cabe recordar que Duarte ya había intentado obtener su libertad anticipada en noviembre de 2025, pero una jueza determinó que no cumplía con los requisitos legales, entre ellos no tener procesos penales pendientes.

Además del caso por peculado, el exgobernador enfrenta una acusación por desaparición forzada, relacionada con hechos ocurridos en enero de 2016. Aunque en 2024 se dictó una resolución de no vinculación a proceso, el Ministerio Público impugnó la decisión, por lo que el expediente permanece abierto.

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