En medio de la polémica generada por la reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuatro jueces de Chiapas han ganado notoriedad al solicitar un amparo para detener dicho proceso legislativo. Estos juzgadores, Ismael Arroniz Palacios, Jorge Alberto Orantes López, Mario Felipe Mata Ríos y Mario Alberto Rivera Rivera, han levantado la voz en contra de la iniciativa del mandatario mexicano, argumentando que esta acción causa un daño irreparable a su esfera jurídica.

Según revelaciones obtenidas por el medio SinEmbargo, estos cuatro jueces federales reciben sueldos mensuales que superan al del propio Presidente de México. Con ingresos brutos de 218 mil pesos al mes, es evidente que estas figuras judiciales gozan de un nivel de remuneración por encima de la del titular del Poder Ejecutivo, cuyo sueldo neto asciende a 129 mil 432 pesos mensuales.

La demanda de amparo presentada por estos jueces destaca su falta de conocimiento respecto a la fecha de presentación de la reforma judicial por parte del presidente López Obrador, así como del inicio del proceso legislativo correspondiente. Sin embargo, su preocupación radica en el daño que consideran que esta medida causará a magistrados, jueces federales y ministros.

Además, el hecho de que dos jueces hayan concedido la suspensión a los cuatro juzgadores de Chiapas que promovieron el amparo, ha levantado sospechas sobre posibles intereses políticos detrás de esta acción. En particular, la jueza Martha Eugenia Magaña López ha sido señalada de tener una postura opositora a López Obrador, participando activamente en marchas convocadas por personajes de la oposición.

Por otro lado, la Cámara de Diputados anunció que podrá continuar con la discusión y eventual aprobación de las reformas al Poder Judicial, luego de que se concedieran dos incidentes de suspensión. A pesar de los obstáculos interpuestos por estos jueces, el proceso legislativo sigue en marcha y se espera que se lleve a cabo este 1 de septiembre.

En medio de estas tensiones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, queda en evidencia la complejidad de la situación política actual en México. Mientras los juzgadores argumentan la defensa de sus derechos y la autonomía de la justicia, el presidente López Obrador busca impulsar una reforma que considera necesaria para el correcto funcionamiento del sistema judicial en el país.

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