En un escenario marcado por la controversia y las acusaciones cruzadas, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sinaloa, Alejandro Alberto Díaz Cruz, ha desmentido categóricamente a la Fiscalía General de la República (FGR) en relación al homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén.
Durante la segunda conferencia contramañanera de juzgadores federales pertenecientes al colectivo artículo 41, Díaz Cruz dejó en claro que la FGR no contaba con pruebas concretas que pudieran vincular las huellas hemáticas encontradas en una finca en Culiacán con el fallecido exrector.
Declaraciones del juez
En un giro inesperado, el juez reveló que la audiencia a la que se hacía referencia por parte de la FGR se celebró el 5 de octubre de este año. Además, el juzgador se conectó a la conferencia a través de una videollamada para abordar el comunicado emitido por la FGR el pasado 20 de octubre.
En dicho comunicado, se afirmaba que el juez había rechazado una solicitud del Ministerio Público Federal relacionada con el caso de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, acusado de secuestrar a Ismael El Mayo Zambada.
«La Fiscalía no tenía prueba concluyente pericial que estableciera que las muestras de sangre encontradas en el lugar, donde se afirma ocurrieron los hechos, pertenecieran al perfil genético de el señor Héctor ‘N’, porque en la nota específicamente señalan que las periciales con las que ahora cuenta la fiscalía, las obtuvo apenas el pasado 17 de octubre, es decir 12 días después de que solicitaran la orden de aprehensión», puntualizó Díaz Cruz.
La FGR emitió un comunicado en el que admitía que los indicios hemáticos inicialmente encontrados en la finca del posible secuestro de Héctor Melesio Cuén fueron superados por nuevos indicios periciales que confirmaban de manera indudable el perfil genético del exrector.
Por otro lado, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha expresado su respaldo a la corporación federal en sus investigaciones. En una conferencia, el mandatario estatal reconoció que «nadie está excluido de ser investigado» y pidió la intervención de la FGR en el caso.